Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», quien cumplió una condena en Estados Unidos por narcotráfico, regresó deportado  a Colombia donde tendrá que responder por sus crímenes ante la justicia.

CONDENA EN ESTADOS UNIDOS

Durante su proceso judicial, el Gobierno de EE.UU. responsabilizó a Tovar Pupo del envío a ese país de al menos 1.500 kilogramos de cocaína entre 2002 y 2005 y cuyo cultivo, producción y tráfico supervisaba al haber dirigido las actividades de las AUC en el noreste de Colombia.

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como «Jorge 40» perdieron esos beneficios.

El exjefe paramilitar fue procesado bajo Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y destrucción y apropiación de bienes protegidos, pero luego fue expulsado de ese mecanismo y extraditado.

Deudas pendientes en Colombia

«Jorge 40» tiene en Colombia más de 1.486 investigaciones activas por múltiples delitos como asesinatos, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron a al menos 60 personas en febrero del 2000 en el caribeño departamento de Bolívar.

Tovar Pupo, que tiene en su contra 35 órdenes de capturas pendientes y 40 medidas de aseguramiento, quedará a disposición de la justicia penal ordinaria donde deberá «garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas», como lo aseguró hoy el ministro encargado de Justicia, Javier Sarmiento.

El exparamilitar solicitó en septiembre de 2019 su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) argumentando que fue «ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de autodefensa», que desarrolló estrategias «para enfrentar a la guerrilla fuera de los cánones institucionales» y que financió y auspició organizaciones paramilitares desde 1996.

El hijo del paramilitar es un alto funcionario del gobierno del presidente Iván Duque.