Según el artículo 122 del Código Penal colombiano, en el país se castiga con hasta tres años de cárcel a las mujeres que interrumpan un embarazo fuera de las tres situaciones permitidas desde 2006 por una sentencia de la Corte Constitucional: cuando la vida de la mujer este en riesgo, cuando el feto tenga malformaciones y cuando el embarazo sea producto de una violación.

El movimiento Causa Justa,   considera que ese artículo es injusto con las mujeres por establecer el aborto como un delito.«Es injusto porque vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las colombianas».

Pese a la sentencia de la Corte Constitucional, en Colombia se sigue persiguiendo judicialmente a la mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo. Según información de la Fiscalía General de la Nación sobre la judicialización del aborto en el país, hasta 2010 hay 6.233 denuncias de las cuales 4.934 son casos activos que actualmente están en alguna etapa del proceso penal.

 Con esto no solo se está vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres sino también el derecho que tienen a la salud. «La norma es ineficiente porque no cumple su objetivo de desincentivar el aborto, sino que hace que las mujeres aborten de forma no segura y clandestina, poniendo en riesgo su salud», asegura la abogada Angélica Cocomá de Women´s Link Worldwide, una de las organizaciones que pertenecen al movimiento.

 Los médicos que atienden estos casos se ven expuestos a ser marginados entre sus colegas, a estrés psicológico, fatiga emocional y sobrecarga laboral debido a que son pocos los capacitados y contratados para hacer estas intervenciones. De las 5.833 denuncias presentada a la Fiscalía, el 73 por ciento fueron presentadas por personal médico. «La persecución penal es real. Ninguna mujer va a ir a un hospital porque puede ser que los médicos, violando el deber de confidencialidad, la denuncien», explica Cocomá.

Laura Vásquez Roa, vocera del movimiento Causa Justa e integrante de Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, explica que:«Hay un gran tráfico de medicamentos para abortar a través de redes sociales. Los peligros de esto son varios: que los fármacos estén falsificados, que se consuman dosis no adecuadas, entre otros. Son situaciones que terminan en afectaciones a la salud de las mujeres porque no hay un acompañamiento adecuado».

En Colombia se estima que pueden ocurrir hasta 400.000 abortos cada año en la clandestinidad, según el Ministerio de Salud. Esto ocurre por la dificultad que implica acceder a este procedimiento dentro del sistema de salud, lo cual pone en riesgo la integridad física y emocional de las mujeres.

Si una de las causales para abortar es el abuso sexual, las mujeres menores de catorce años pueden hacerlo. Según la legislación colombiana, las relaciones con niñas de esas edad se presumen como abuso sexual. Para Cocomá, «esas niñas no debieron ser judicializadas porque se encontraban bajo la causal de violación. Además, hay tres niñas entre los 10 y 11 años que fueron denunciadas y tienen procesos en su contra».