Masacres del paramilitarismo en Colombia
Rafael Camargo
Una discusión que tuvo su desenlace final con el fallo de la Corte Constitucional señala que fueron aprobadas por el Congreso de la Repùblica a pesar que el partido de gobierno Centro Democrático hizo hasta lo imposible para que se aprobaran con argumentos desechos por el alto tribunal.
La Sala Plena avaló la votación que se dio en el Congreso en el 2017 para otorgarle curules a las víctimas del conflicto armado al considerar que si se presentó una mayoría a favor del proyecto.
El alto tribunal tuvo en cuenta que en ese momento había tres congresistas inhabilitados para votar por tener líos con la justicia y que se encontraban en la cárcel: Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile y Martín Morales Diz
La Corte falló a favor la tutela que presentó el senador Roy Barreras, autor del proyecto de ley en el Congreso que otorga las curules de paz en el marco del cumplimiento del Acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC.
La decisión se basó en el fallo que definió la manera en que se debían contabilizar las mayorías en el Congreso y que le dio vía libre a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ese fallo advirtió que para el cálculo de las mayorías se deberá descontar el número de integrantes de las «sillas vacías» y los impedimentos aceptados.
El Congreso dominado por el gobierno se opuso a las curules argumentando que no tenían los votos, decisión arbitraria que tomó la mesa directiva para evitar que las víctimas ocuparan curules en el Congreso.
Las curules le darían voz a las víctimas y a los representantes de comunidades del Chocó, Cauca, Nariño, Catatumbo, Guaviare y Urabá.
La procuradora General, Margarita Cabello Blanco se sumó a la petición de uribismo y conceptuó no otorgar los escaños bajo el argumento que podrían favorecer a los victimarios del conflicto.
Ese mismo argumento presentaron en su momento ante el Congreso algunos miembros del partido de Gobierno, entre ellos José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe, quienes aseguraron que las curules «no tienen vocación de reparar a las víctimas, y en cambio facilita la captación de dichos escaños por parte de sus victimarios».
Organizaciones de víctimas anunciaron adelantar procesos contra las directivas del Congreso que quisieron cercenar sus derechos para ocupar las 16 curules de las víctimas.