Civiles protegidos por la policía disparan contra los integrantes de las manifestaciones de protesta.

Urías Torres Romero

Los colombianos hemos sido espectadores de fuertes disturbios que han protagonizado los manifestantes: clase trabajadora, estudiantes, minga, camioneros, quienes en ejercicio del derecho de asociación realizan marchas por todo el territorio nacional, las cuales terminan día tras día, con un azote de vandalismo.

Desde luego, con miras a repeler los ataques vandálicos, las autoridades policiales intervienen con exceso de fuerza, dejando en el camino  muertos, personas desaparecidas y lesionadas. Por su parte, los manifestantes no se quedan atrás, dando muerte a varios agentes del orden, cientos de policiales heridos de diversas formas, han destruido e incendiado de buses de servicio público, Cais, y cientos cientos de edificios incendiados y apedreados, hechos que   resultan dispendiosos, resumir, de todas estas barbaridades cometidas de parte y parte.

 Lo cierto es que estos acontecimientos van a costar un ojo de la cara, si los y no es difícil precisar de donde va a salir el dinero para reparar tremendos daños: de los impuestos de los contribuyentes lo cual resulta paradójico, frente al déficit fiscal por los que atraviesa la nación.

Desde el punto de vista colectivo a los directivos de las marchas les cabe responsabilidad frente a los desórdenes y daños cometidos por sus turbas, pues debe suponerse que las autoridades en aplicación del derecho constitucional de asociación autorizan las marchas, con la firme idea que las mismas se desarrollan en condiciones normales, no obstante, que se tiene de por medio la pandemia ocasionada por la COVID-19, cuya normatividad ha sido violada e incumplida.

Teniendo claro que los directivos de las centrales obreras, que no están en capacidad de controlar las marchas y menos los disturbios que han ocurrido, por un sentido de responsabilidad con la comunidad que no sale a marchar, no deberían instar a que los trabajadores bloqueen las vías. La verdad no se entiende esta postura por demás irresponsable. Ahora bien, si alguno de los manifestantes causa desorden y se les encuentra in fraganti frente a la consumación de algún acto delictivo, lo propio es, que las autoridades competentes sigan en su contra las investigaciones o procesos correspondientes, para que, de manera personal, respondan por los delitos o hechos delictivos que cometan.

La Constitución Política señala en el Inciso 2º, artículo 2º que, ‘Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes…’, aspecto que de suyo no han cumplido. El artículo 6o reza que, ’Los particulares sólo son responsables antes las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación de sus funcione’. El artículo 90, señala:’ El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades pública.

En el artículo 95 se enumeran una serie de estos deberes y obligaciones, entre los que destacan, pero, ante todo, que su ejercicio implica responsabilidades, como los de cumplir la Constitución y la ley; los de obrar conforme al principio de solidaridad social, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme a la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Estos dos últimos aspectos por ninguna parte se han cumplido por los manifestantes, pues la vida de las personas ha estado en riesgo y que no decir de la salud, cuando se sale a las calles violando las reglas.

Se pudiera así realizar un listado interminable de los principios y normas constitucionales, de donde se deduce sin mayor dificultad que los actores en conflicto les cabe perfectamente responsabilidad penal, administrativa, civil o disciplinaria. Entonces, ¿por qué obrar de espaldas a la realidad, si sabemos que con nuestros actos estamos violando la Constitución y la ley? Esperemos que las autoridades encargadas de investigar estos atropellos, cumplan también con su función. Algunas protestas han sido permeadas por vándalos.