En el pasado las alertas tempranas salvan vidas. Ahora carecen de veracidad.

Rafael Camargo

Empezaron a ser cuestionados por diferentes sectores las alertas tempranas que están siendo emitidas por la Defensoría del Pueblo, donde indican datos que no corresponden a la verdad.

Algunas organizaciones indicaron que está situación se viene presentando por la contratación de personas afines al Centro Democrático y que desconocen su respectiva elaboración. Varios casos se han presentado creando zozobra

Uno de ellos corresponde que con extrañeza el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, se refirió a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo acerca de la existencia de grupos armados ilegales en los municipios circundantes a Bogotá, como son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque, afirmando que ninguna entidad u organismo gubernamental había notificado con anterioridad dicha situación.

«Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado. Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos, desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento»​, afirmó el mandatario.

En ese sentido, la Secretaría de Gobierno departamental adelantó consultas con algunas fuentes importantes en materia de seguridad, como el general Juan Pablo Rodríguez, quien en el año 2009 fue comandante de la quinta división del Ejército Nacional y aseguró que a partir del 2008 Cundinamarca quedó totalmente libre de grupos armados organizados, es decir, aquellos que cuentan con un comando y control, con estructura armada, áreas campamentarias y que estén delinquiendo en un área específica del departamento como las FARC y el ELN.

Concretamente, se estableció que este logro se gestó durante los años 2001, 2002 y 2003 cuando, con la operación Libertad 1 y 2, se dió como resultado la expulsión definitiva de los integrantes de las FARC que delinquían en Cundinamarca, tras realizar operativos pertinentes para acabar con la presencia de dichos grupos terroristas en el departamento.

Según las alertas de la Defensoría del Pueblo, los actores armados ilegales conforman una red criminal, que funcionaría como cuerpo colegiado ubicado en la base a los grupos de crimen organizado con presencia regional o local. En el medio se encontrarían las agrupaciones de alcance nacional y, en el último nivel estarían las organizaciones de crimen transnacional y los grupos armados ilegales.

Finalmente, el mandatario reiteró que, para garantizar la seguridad en el departamento se ha adelantado un trabajo articulado con instituciones como la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Defensoría y no se han determinado este tipo de circunstancias.

«Partimos del principio de la buena fe y por eso queremos entenderlo, queremos conocer los detalles para poder actuar, y para poder tomar medidas, pero si nos genera una gran preocupación una afirmación de este tamaño en un departamento que históricamente ha dado ejemplo de trabajo en búsqueda y consolidación de la paz», puntualizó García Bustos.

Silencio absoluto del defensor del Pueblo Carlos Camargo sobre los cuestionamientos a las alertas tempranas.