Niña asháninka

Gerney Ríos González 

«Los indígenas y la naturaleza en nuestros territorios somos uno solo, una sola cosa, y así, los asháninkas exigimos no sólo tierra para nosotros, sino salud para los monos, las huanganas, los añujes. Ellos también tienen derecho a vivir»; dice Juaneco, dirigente ashaninka, Perú.9

«Estos son los montes y los ríos que permiten vivir saludablemente a mi pueblo; esta es la herencia que hemos venido recibiendo de nuestros abuelos, y voy a derramar mi sangre antes de pasar la vergüenza de mirar los ojos de nuestros hijos cuando la hayamos perdido. Paz para la salud, salud para la paz». Afirma Alfredo Santana Rodríguez, gobernador indígena del Resguardo Paujil, departamento Guainía.

«Viven en nuestras tierras y todavía se burlan de nosotros. Disponen de todo a su capricho y tenemos que ver cómo van malogrando nuestros suelos y contaminando nuestras vidas. No se puede vivir soportando todo esto», insiste Darío Nandureza, dirigente Guaraní de Bolivia.

«En tan escabroso escenario aparece en la salud, el siniestro cáncer de la corrupción», espeta Alirio Hernández Cano, resguardo Paujil.

El reto de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Convenio Hipólito Unanue para la Comunidad Andina de Naciones, es «cero enfermedades» en la Amazonía indígena.

Desigualdad Nativa         

Los sistemas oficiales de salud para pueblos originarios siempre han sido ejecutados a medias, debido en medida a las enormes distancias de las concentraciones de resguardos, a los cuales de vez en cuando llega el Estado y no de forma integral. Otro fenómeno que opera es el relacionado con la cultura de la salud indígena en la cual se recurre a los «curacas», a los brujos de la tribu, generando prevención a los avances de la medicina moderna.

El viacrucis de la salud de las naciones aborígenes viene de largo a través de décadas y sucesivos gobiernos. A finales del siglo XIX, la Ley 89 de 1890 consideraba a los originarios menores de edad, y «tenían que ser civilizados». Solo hasta la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, las comunidades ancestrales adquirieron categoría de sujetos colectivos de derecho. Comenzaron a tener poder y autoridad de Justicia en sus Resguardos.

Pero la desigualdad en derechos humanos y salud en las comunidades nativas de Colombia y otros países indoamericanos aún no ha sido superada. La Ley 100 de 1993 creó los escenarios propicios para atender la población aborigen y trazó un modelo de mercado que lentamente va beneficiando a nuestros hermanos establecidos desde tiempo inmemorial, necesitados de mejor atención para su precario modus vivendi en territorios selváticos y reservaciones de su auténtica propiedad. Se entiende que basados en esta Ley se han producido diálogos gobierno- indígenas y más de 25 normas se orientan a favorecerlos. En 2014 aparece el decreto- ley 1953 que establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural -Sispi-. Todo sustentado en la Constitución Nacional de Colombia en el artículo 330, que reconoció a los pueblos originarios autoridad propia.

Los funcionarios encargados del programa, buscan el fortalecimiento de todas las prácticas médicas tradicionales, la medicina occidental y aquellos sistemas alternativos que siempre han estado presentes en el tratamiento de enfermedades infantiles y de adultos en la población indígena.

En 2007, la población autóctona era promedio de dos millones 400 mil colombianos que se hallaban ubicados en 27 departamentos contentivos de 228 municipios. Estos habitan 70 resguardos con títulos y la extensión territorial de más de 34 millones de hectáreas, lo que representa el 29.8% de la superficie nacional. Conocidas son sus concentraciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca, sur del Tolima, Guajira, Chocó, Amazonía, Orinoquia, Macizo de Colombia, norte de Boyacá tras la Sierra y nevado de Güicán.

Otros datos oficiales en asuntos sanitarios indican la existencia de unos 102 pueblos indígenas, con 65 lenguas y numerosos dialectos; más del 70% se sitúa en Vaupés, Vichada, Guaviare, Meta, Amazonas, Putumayo y Guainía.

Los estudios sobre esta población cuasi marginada van dirigidos a la integración de un verdadero sistema de salud y la creación de EPS y IPS indígenas para la más eficiente cobertura en momentos en que se trabaja por la paz y se abren las puertas del postconflicto con diversidad de problemas sociales que indudablemente, permean a la población autóctona en diferentes latitudes nacionales.

Recordamos el documento «Pueblos Originarios» del jurista, Marco Tulio Calderón Peñaloza, rector de la Universidad La Gran Colombia, quien en contextualización social enumeró y puso al alcance académico las tropelías, asesinatos, despojo de sus tierras por colonos estimulados por gobiernos insensibles; todo el horror del exterminio de los nativos desde el Descubrimiento hasta el siglo XXI. Una denuncia social, valerosa, patriótica que merece leerse, ahora que se habla de «derechos indígenas».

Sierra Nevada de Güicán