Observo con preocupación el hecho de que el déficit fiscal se aproxime al 10 por ciento del PIB, debido a la enorme presión que la pandemia. La meta de ahorro, que se había fijado inicialmente en $2 billones, a duras penas superará los $300.000 millones. Por eso el país debe empeñarse en un ejercicio de sano equilibrio entre las finanzas fiscales y el gasto social.

No, una afirmación de esa naturaleza sería injusta con nuestra gente. Colombia es un país que se ha visto afectado históricamente por la corrupción, que es distinto. Por esa razón ha sido necesario impulsar reformas estructurales para combatirla. En el ámbito de competencias de la Contraloría, disponemos ahora de un modelo de control fiscal que nos permite hacer una vigilancia cercana y expedita al destino que se les está dando a los recursos públicos.

Es innegable que varios sectores de la administración lo han estado. La ausencia de un verdadero control preventivo en el complejo ámbito de la contratación pública, por ejemplo, había favorecido la cultura de la corrupción. Ahora los corruptos deben saber que contamos con la fuerza del control social para anticiparnos a sus manejos. Desde la Contraloría hemos venido demostrando que, gracias a nuestro monitoreo al gasto público en tiempo real y a nuestro sistema de alertas, es posible enfrentar con vitalidad ese fenómeno. Lo hemos hecho con estrategias de fondo como el seguimiento a los recursos destinados a la atención de pandemia y el rescate progresivo de «elefantes blancos» y obras inconclusas. También, con la eficaz defensa de los intereses de los niños a través de un nuevo esquema de vigilancia al Programa de Alimentación Escolar.

Se trata de cifras y de los cálculos hechos por la academia y por algunos expertos. Pero su dimensión no debe amilanarse ni inhibirse. Yo prefiero basarme en resultados concretos que demuestran que estamos dando resultados.

Ilustro la respuesta con un ejemplo concreto: durante la vigencia revisamos más de 160.000 contratos por un valor de $11,8 billones de pesos relacionados con la atención de la pandemia. Generamos alertas preventivas de presuntos sobrecostos multimillonarios. Con un esfuerzo sostenido como el que hemos venido haciendo el impacto de la corrupción se verá sensiblemente amortiguado. La mejor forma de disuadir al corrupto es trabajando sin descanso para que entienda que vamos a descubrirlo y a sancionar.

El fortalecimiento de herramientas que ya comenzamos a aplicar. Una de las principales es la participación ciudadana en la vigilancia del recurso público, otra fundamental es la aplicación de tecnologías de punta para seguirles el rastro a la ejecución de las obras públicas y para detectar a tiempo posible desvío o pérdida  de recursos.

 Dentro de la esfera de competencias de la Contraloría buscamos evitar, a toda costa, que sigan proliferando las mallas de contratistas que se benefician ilegalmente con la adjudicación preferencial y a dedo de negocios públicos en todos los niveles de la administración. Los recursos públicos son sagrados y no deben ser empleados ni para el pago de favores políticos ni para otro tipo de prácticas perversas.

 Los avances en el juzgamiento de la responsabilidad fiscal han sido enormes, como lo han sido también los procesos de cobro a los responsables fiscales para recuperar recursos que son de todos los colombianos. Ha habido una agilidad procesal que corresponde a la eficacia de las nuevas herramientas que provee el régimen de control fiscal. Estamos consolidando las cifras en la medida en que los fallos hayan quedado en firme después de surtido los términos de control de legalidad. El país las conocerá en su momento.

Para evitar especulaciones que pueden resultar perniciosas, prefiero responder con casos concretos. Durante la crisis en el ámbito de la salud pública Hemos abierto más de medio centenar de procesos de responsabilidad fiscal, por indebida contratación con recursos. Hemos hecho seguimiento en tiempo real a los $67,4 billones de contratación de urgencia manifiesta y a los $40,53 billones de fuente FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias). Generamos 466 alertas por valor de $578.237 millones, que llevaron a renegociar, en mejores condiciones para la administración, contratos por miles de millones de pesos.

Durante un año, pese a la crisis generada por la pandemia, La Contraloría General de la República ha recuperado $22 billones.

Estamos aplicando procedimientos eficaces para determinarlo. Uno de ellos es la aplicación de la Ley 2020 de 2020 que creo el Registro Nacional de Obras Públicas inconclusas. El registro es manejado por nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción inmediata. Gracias a ese instrumento y a la combinación estratégica del control preventivo con el control social hemos determinado rezagos en proyectos por más de $10 billones.

Tendría que darle una respuesta de carácter predictivo y francamente prefiero esperar a que se consoliden las decisiones que están en curso. Pero lo que sí puedo afirmar es que los responsables fiscales deberán responderle al Estado en la medida proporcional a los recursos afectados.

Por supuesto. Eso hace parte de nuestro deber misional. Hemos ampliado los canales para la recepción de denuncias y, observadas las garantías procesales, hemos dado curso a decisiones muy importantes. El Boletín de Responsables Fiscales, por ejemplo, es de acceso público.

Hemos emprendido de manera conjunta acciones de carácter preventivo, como lo hicimos frente a los manejos de recursos reservados para la atención de la pandemia. También nos hemos apoyado, dentro de nuestras respectivas competencias, en la vigilancia al Plan Nacional de Vacunación. El espectro probatorio ha crecido enormemente.

 ¿Se les da publicidad a estos resultados, es decir, la ciudadanía se entera de la gestión realizada y porque medio, radio, prensa o televisión?

Ese es obligación protege el derecho fundamental a la información del cual es beneficiaria la comunidad toda. Así que a las decisiones en firme las divulgamos y enviamos a todos los medios de comunicación, tradicionales y digitales. Nuestras plataformas de información están siendo permanentemente actualizadas. Como es nuestro deber hacerlo, respondemos con eficacia y sentido de oportunidad las solicitudes de información que nos llegan.

Es un reconocimiento que enaltece y honra a todos los servidores de la Contraloría General de la República. A todos nos compromete a trabajar cada día con mejor disposición y mayor entusiasmo porque nos debemos a la defensa del interés general. Debemos responder a la confianza que ciudadanía deposita en nosotros.

Sé a conciencia que vamos en la dirección correcta, pero no soy conformista. Aún tenemos que hacer mucho más y  producir más y mejores resultados. A nosotros lo que hemos alcanzado nos sirve de estímulo para seguir luchando por todo lo que nos falta por lograr.