La obra fue contratada por el Fondo de Adaptación con la empresa española Sacyr y tenía un costo inicial de $80.040 millones e incluía otros dos puentes en esta misma vía, pero luego de varias adiciones el costo se ha elevado y sigue demandando al Estado. Foto El Tiempo. 

Javier Sánchez

No ha terminado el Gobierno de Iván Duque y se empiezan a conocer toda clase de irregularidades y delitos cometidos por los altos funcionarios estatales y se apresta a dejar la herencia maldita.

La APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique, hace parte del programa Concesiones del Bicentenario o proyectos de 5G, con el cual se beneficiaría al país en muchos aspectos: se podrá mantener el control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, también se mitigará el riesgo de inundaciones al controlar los niveles de agua en el canal. Por último, mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal, y la restauración de los ecosistemas en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Con una inversión de $3,1 billones y 50 años de espera, los colombianos buscan que el gobierno saliente deje al menos en la manos correctas los recursos y la ejecución de una infraestructura tan importante como la sería la APP en mención, sin embargo, Sacyr será quien la ejecute pese a los cuestionamientos que la persiguen y el Gobierno saliente se ha empeñado en premiar a la cuestionada empresa española.

Historia

El ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras puso el dedo en la llaga sobre la adjudicación a 72 horas de terminar el mandato Duque del contrato: el canal del Dique.

«Llama la atención que para un proyecto de semejante tamaño, importancia y valor solo una firma haya presentado oferta. El único oferente, la firma Sacyr. Bien conocida por el llamado puente Hisgaura, mejor llamado ‘el acordeón’, contratado por el Fondo de Adaptación en épocas del Dr. Mustafá a un precio de 80.000 millones de pesos. El contrato tuvo dos adiciones por cerca de 28.000 millones de pesos para finalmente ser recibido por el Dr. Gil, director del Invías, pese a todas las evidencias y advertencias que le fueron formuladas», sostiene Vargas.

«Como es natural, el Invías enfrenta hoy un proceso de responsabilidad fiscal por valor de 23.308 millones por haber recibido un puente defectuoso y muy inferior en calidad al previsto en los diseños aprobados. Como si fuera poco, ahora Sacyr presentó una primera reclamación que le fue fallada a favor por 10.000 millones, y no contentos, aún presentaron una segunda reclamación en curso por otros 11.000 millones».

¡Que bonita empresa!

German Vargas Lleras que estuvo en el interior del Gobierno Nacional y que conoce las entrañas del manejo de las obras de infraestructura en Colombia sostiene en su escrito:

«Se trata de la misma Sacyr que contrató el puente Pumarejo a cantidades y precio unitario por valor de 615.000 millones y a la que este gobierno le reconoció una adición de 121.000 millones. La que dos semanas antes de la entrega solicitó, y le fue concedida, la cláusula compromisoria no prevista en el contrato inicial, y que le permitió instaurar un tribunal de arbitramento demandando a la nación por otros 133.000 millones,

Sí, la misma Sacyr que reclama por su participación en el proyecto Mar 1, carretera que sale del túnel de Occidente y llega a Santa Fe de Antioquia para conectar con Mar 2, una cifra aún indeterminada ante otro tribunal de arbitramento.

La misma firma que esta semana fue sancionada con 16,7 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España por «alterar el sistema de licitaciones públicas para edificaciones e infraestructuras». ¿Qué tal la acusación?.

Sabemos del bien conocido método de hacerse con las licitaciones al precio que sea para luego «ajustar» el contrato por la vía de las reclamaciones, las adiciones presupuestales, las demandas judiciales o una combinación de todas ellas, como en el caso de la firma Sacyr, cuya estrategia contractual ha resultado muy exitosa.

Cómo entender ahora y con estos antecedentes que se fije como fecha de adjudicación este 4 de agosto, a pocas horas de terminar el gobierno. Me viene a la memoria la adjudicación el 6 de agosto de 2010, penúltimo día de la administración Uribe, de la transversal Américas, famosa mundialmente por sus tres tramos inconexos. O el contrato de Ruta del Sol 3 firmado el 4 de agosto, también de 2010, proyecto que 12 años después aún no termina, que se proyecta para 2025 y que ya está sometido a una demanda internacional por valor de 1,4 billones. Lo que empieza mal termina mal.

¿Será que el Gobierno, con estos precedentes y advertencias, se atreve a adjudicar este contrato del canal del Dique, al único oferente y por valor de 3,2 billones? ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Quién entiende? ¿Quién va a responder en el futuro?».

Germán Vargas Lleras, quien manejó en el pasado la infraestructura , denuncia la forma en que se defrauda al Estado con la adjudicación de obras.