Carlos Dada, director de ‘El Faro’, alerta de la persecución que sufre la prensa con el presidente Nayib Bukele

Karen Moreno

 GatoEncerrado

Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para el periodo 2022-2024, conversó sobre la situación actual de los periodistas que enfrentan «ataques o golpes de baja intensidad», como denomina a las estrategias del Gobierno de Nayib Bukele para debilitar la libertad de prensa y a los medios de comunicación. En esta entrevista enumera algunas: la asfixia económica, a través de la pauta publicitaria como instrumento de premio o castigo y amenazas contra empresarios para que dejen de anunciarse en medios no oficialistas; la intervención de celulares a través del Software espía Pegasus y reformas para promover la censura, entre otras.

Su preocupación es que luego de las elecciones de 2024, el escenario para ejercer el periodismo llegue al extremo de tener periodistas criminalizados, procesados judicialmente, encarcelados, en éxodo y, en el peor de los casos, asesinados. Antes de que eso suceda, hace un llamado a la comunidad internacional para que replantee su interacción diplomática con un país que «viola derechos humanos».

Durante la presentación del balance sobre libertad de prensa en 2022, con datos hasta el 15 de diciembre, Apes informó que hubo 125 agresiones contra periodistas y 151 afectaciones. ¿Podría brindarme los datos actualizados hasta el 31 de diciembre?

La Asociación de Periodistas de El Salvador cuenta desde el año 2018 con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas que registra la data de casos de vulneraciones. Hay que mencionar que son casos de los que la Apes se entera, probablemente pueden haber subregistros que son aquellos de los que no nos enteramos o a veces también la gente no quiere que se den a conocer. Al menos durante el año 2022, cerramos con 128 casos y 155 afectaciones. Si hacemos una comparación con 2021, la cifra fue un poco mayor de 219, pero hay que mencionar que de esos 219, 84 correspondían a la coyuntura electoral. En 2021 tuvimos elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, alcaldes y alcaldesas, se instaló un centro de monitoreo especial y tuvimos esa cantidad que generó ese aumento.

Hay que evitar confundirse, que no se vaya a pensar que entonces han bajado (los casos de vulneraciones) y no ha pasado nada acá en El Salvador o están disminuyendo las agresiones. Es lo contrario: Si bien en números las afectaciones pueden ser un tanto menores, la gravedad de las afectaciones son mucho mayores de las que ya había registrado la Apes desde la instalación del Centro de Monitoreo. Voy a colocar un ejemplo: El caso de Pegasus. A inicios de 2022, nos enteramos, gracias a un trabajo de dos organizaciones internacionales, Access Now y Citizen Lab, del espionaje de al menos una treintena de periodistas y personas defensoras de derechos humanos con un software que solo se le vende a Estados.

 «Aquí no se mata periodistas, aquí no hay periodistas presos, aquí no hay medios cerrados», pero yo me atrevería a decir que están implementando golpes de baja intensidad, como en la guerra. No les conviene encarcelar a periodistas, porque este año entramos en contexto preelectoral y hay una intención bien clara de este gobierno de mantenerse por más tiempo en el poder, aunque sea inconstitucional, y la forma de cómo atacar a los medios de comunicación y periodistas que no son afines al oficialismo es justamente haciendo lo que nosotros hemos ido registrando: el uso de la pauta publicitaria gubernamental o la pauta oficial como premio o castigo.

¿Esto es nuevo? No, no lo es, gobiernos anteriores lo han hecho, pero éste ha sido mucho más voraz. Antes al menos reducían un tanto la publicidad en algunos medios; ahora, han castigado con cero publicidad a varios medios de comunicación. La Relatoría de Libertad de Expresión tiene un informe que habla sobre los mecanismos para regular la pauta publicitaria oficial —que es publicidad, no propaganda, dos cosas bien diferentes—. ¿Por qué no debe ser utilizada como premio o castigo? Porque cuando lo haces vulneras el derecho a la libertad de expresión, ¿cómo? me van a decir quienes me están leyendo. Bueno, en dos sentidos: uno, porque la gente deja de enterarse de qué está haciendo el gobierno —insisto, publicidad, no propaganda, por eso también hay estándares o recomendaciones de la Relatoría sobre cómo debe ser la pauta publicitaria gubernamental, ya que debe ser información precisa, de interés a la ciudadanía, que sume, por ejemplo, sobre una construcción de una obra para rendir cuentas— y, en segundo lugar, porque también apoyan parte de la sostenibilidad del ecosistema de medios, sobre todo privado y, en algunos casos, de los sectores comunitarios; y cuando la quitas, también pierden esos medios la posibilidad de su sostenibilidad.

Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)