Organismos nacionales e internacionales expresaron su preocupación por la denuncia penal contra un periodista que publicó una nota sobre presuntos actos de corrupción que salpican al gobierno y al cuñado del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.
Organismos nacionales e internacionales expresaron su preocupación por la denuncia penal contra un periodista que publicó una nota sobre presuntos actos de corrupción que salpican al gobierno y al cuñado del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.
El periodista venezolano del medio digital La Posta, Anderson Boscán -quien vive desde hace varios años en Ecuador- denunció que funcionarios habrían solicitado cuantiosas sumas de dinero para presuntamente beneficiario a Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
César Ricaurte, director de la organización no gubernamental Fundamedios, dijo en diálogo con The Associated Press que se está cometiendo un exceso. «Llegar a una demanda debería ser el último recurso. Hay otros recursos a los que pueden recurrir como el pedido de rectificación».
Añadió que hay algunas inconsistencias en lo que se presenta como una investigación periodística y que los audios y la publicación de La Posta no confirman la participación del presidente ni de su cuñado. Carrera ha sido mencionado, desactivado, pero no significa que esté involucrado. Fundamedios vigila y emite informes acerca de la libertad de expresión en Ecuador.
Carrera rechazó las denuncias, exigió que probaran su participación en actos de corrupción y dijo que era objeto de una campaña de desprestigio y difamación por parte de Boscán, a quien demandó el lunes y le exige una indemnización de medio millón de dólares.
El periodista dijo que tras las denuncias en las mediaciones de su oficina se han registrado pintadas en las paredes con amenazas y respondió en Twitter que no teme ir a los tribunales de justicia.
La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno que «investiguen las amenazas y garanticen la seguridad del periodista».
Lasso, en un mensaje de vídeo en Twitter, dijo que tan pronto tuvo conocimiento de los audios de presunta corrupción solicitada la localización en territorio nacional o en el exterior de los implicados Hernán Luque, ex funcionario del sector eléctrico, y de su supuesto cómplice, Rubén Chérrez.
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel, aseguró a AP que el juicio a Boscán «es una amenaza a la libertad de expresión» y expresó que cuando el periodista hace una denuncia es de esperarse que tenga todos los documentos que lo respalden . En ese caso, agregó, «no hay problemas en enfrentar cualquier demanda o acción de quien se siente perjudicado».