Rafael Wenceslao Núñez Moledo

Gerney Ríos González

Parte 1

Terminada la sangrienta guerra civil de 1885 con la batalla de La Humareda, un hito que parte en dos la historia política y económica del siglo XIX, conflicto iniciado por los Radicales en contra del gobierno de Rafael Wenceslao Núñez Moledo, una vez consolidados los proyectos de reforma constitucional y de concordato, por segunda vez en sus numerosos mandatos, el 7 de agosto de 1888, el presidente Núñez renunció voluntariamente al poder para radicarse en Cartagena; en esta ocasión asumió el gobierno Carlos Holguín Mallarino, un abogado, empresario, diplomático, periodista y militar, nacido en Nóvita, Chocó, vinculado al Partido Nacional, de carácter rígidamente conservador, quien ejerció la primera magistratura en su condición de designado de 1888 a 1892.

Durante las dos décadas influenciadas por los principios de la Regeneración, correspondientes al último período presidencial ejercido por Núñez, los cuatro años del mandato del designado Carlos Holguín y los ejercidos por el periodista, escritor, humanista, filólogo y político, Miguel Antonio José Zoilo Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes Caro Tobar, reconocido como Miguel Antonio Caro, presidente de Colombia, entre 1892 a 1898 y vicepresidente de 1892 a 1894, más los seis perdidos en la Guerra de los Mil Días y su dolorosa posguerra en manos de débiles presidentes escogidos por el dedo de Caro, los proyectos de las principales carrileras iniciadas antes de 1884 transcurrieron en propuestas, contratos fallidos, traspasos entre contratistas, cancelaciones, debates públicos, pleitos, endeudamientos innecesarios y pérdida de intereses. Como dijese el presidente, escritor, periodista, humanista, político y poeta José Manuel Marroquín Ricaurte, «El Señor de Yerbabuena», ejercitando su amena pluma en su infantil verso La Perrilla, mientras el país soportaba la más tremenda debacle: Y aunque gastan todo el día En paradas, idas, vueltas, Y carreras y revueltas, Es vana tanta porfía.

J.M. Marroquín, dividió la enseñanza oficial en primaria, secundaria, profesional, artística e industrial. Recordado en la historia por la entrega de Panamá, hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, como consecuencia de la fatídica Guerra de los Mil Días y la intervención de los Estados Unidos, en el cual se proclamó el nacimiento de la República de Panamá, anteriormente un departamento de Colombia.

En ese largo período se tendieron sólo 59 km, en las tres principales obras del país:18 en Girardot, 23 en Antioquia, 18 en el Pacífico a pesar de los cuatro contratos firmados con indeseables «empresarios», y ninguno en el de Puerto Wilches por parte de diez contratistas fallidos, mientras los cortos tramos construidos y sus equipos se deterioraban por la acción del clima y de las guerras.

Los 16 kilómetros del Ferrocarril de Cúcuta hacia la frontera se adelantaron por una entidad privada creada por empresarios de filiación Radical, la cual no tuvo ninguna ayuda del gobierno, sino más bien cruentas persecuciones por sus apegos doctrinarios, como fue la confiscación de la organización en dos oportunidades. De igual manera los 30 km, del ferrocarril del Sur y los 35 km, de la Sabana se llevaron a cabo sin mayor intervención del gobierno central, y el avance de los 17 km, en el Ferrocarril del Tolima fue obstaculizado al contratista Tanco por todos los medios al alcance de la burocracia.

Y ¿Qué decir de la actitud del gobierno de Carlos Holguín frente al contrato del ferrocarril de Bogotá a Zipaquirá y su continuación hacia el norte? A los contratistas Fonnegra y Urdaneta, influyentes amigos del régimen, se le concedieron toda clase de prebendas, favoritismo que condujo a la construcción de un ferrocarril de bajas especificaciones que tomó más de treinta años para avanzar 62 kilómetros por terreno plano y demandó unas inversiones tres veces superiores a lo que debió haber costado, dineros que a la larga y de manera inexplicable, salieron del erario público.

No ha dejado de resonar en los oídos de quienes anhelan el adelanto material del país, la actitud despótica del gobierno de Holguín Mallarino cuando rompió el contrato del ferrocarril de Girardot con el ingeniero civil de origen cubano, Francisco Javier Cisneros, después de estar perfeccionado, aduciendo razones sin fondo jurídico, sin reparar en el inmenso retraso que la orgullosa decisión causaría a una obra vital para la economía del país y colocando la nación al borde de un desventajoso pleito, que, por fortuna, debido a la caballerosidad de Cisneros no se presentó.

También fue audaz la desautorización que su actuación significó para el general José Gregorio Rafael Reyes Prieto, inmediato colaborador de Holguín, la cual motivó su renuncia y la de los miembros de la junta investidos de poderes suficientes para firmar el contrato fallido. En reemplazo al ministro saliente se nombró a Leonardo Canal, otro general conservador de rígido temperamento castrense, verdadero gestor de la persecución contra F.J. Cisneros, quien no vaciló en confirmar la cancelación del contrato posiblemente como retaliación por la participación de éste en el Ferrocarril de Cúcuta, considerado como bastión revolucionario en contra del gobierno; la decisión habría de demorar la llegada del anhelado ferrocarril a la capital de la república más de 20 años, y los contratos que siguieron causaron enormes erogaciones al tesoro nacional, las que probablemente se hubiesen evitado aprovechando la experiencia de Cisneros. Si la credibilidad de los gobiernos colombianos se encontraba lesionada en los círculos financieros de Londres, el incumplimiento de este contrato, lesivo para el ingeniero cubano y para los inversionistas ingleses, habría de causar graves tropiezos, al espantar a los contratistas y capitalistas serios y abrir la puerta a personas inescrupulosas, atraídas sólo por la perspectiva de altos rendimientos monetarios.