Colombia judicial y política . Foto Primicia Diario.

 Jhonny Alexis Lizcano L

Una de las más grandes paradojas que ha tenido Colombia en su realidad histórica, social y política, ha sido el cambio o traspaso que tuvo el país de ser una república eminentemente conservadora y censitaria con la Constitución Política de 1886. A convertirse en una república democrática y participativa con la creación de la Carta Magna de 1991. Sin madurar antes su concepción política de gobierno. Dependiendo sustancialmente del vaivén de los partidos políticos tradicionales y del régimen de poder que imperaba en su momento.

La nación durante el largo proceso histórico constitucional de 1886, se caracterizó por centralizar el gobierno y depender notoriamente de los intereses particulares de los partidos políticos tradicionales, dando origen a un bipartidismo sectario (liberalismo y conservatismo), llevando consigo al país a un Faccionalismo Político de Clase. Que hacía más evidente las desiguales sociales y el poder hegemónico de ciertas familias políticas y terratenientes de la época. Esto sin duda, permitió que se gestara en el seno de la sociedad colombiana y en el escenario político nacional, una tendencia a las coaliciones políticas y al fortalecimiento del sistema electoral a través del poder de legitimación. Es decir, aquél que no perteneciera a alguna de las dos corrientes políticas, quedaba excluido de cualquier poder de representatividad política. Y mucho menos, la posibilidad de reconocimiento social.

El anterior panorama, facilitó el surgimiento de un acentuado formalismo jurídico y político a merced de las clases políticas y oligárquicas. Despreocupándose el Estado por completo de las necesidades sociales y del bienestar común. Periodo proclive para la expansión de la violencia bipartidista en todo el territorio nacional, con la denominada «Guerra Civil».

El país se vio atrasado y se consagró un Estado institucionalmente débil y precario. Alcanzando su máxima con la creación de la figura del voto censitario, que excluía a la gran mayoría de los colombianos de la participación política (las mujeres, los varones sin trabajo o renta estable). Además de castigar el iletrismo.

A partir de los años 30 se abre paso a la denominada «república liberal» (Estado de compromiso), que pretendía acercarse a la visión de los Estados populistas latinoamericanos y garantizar la inclusión de nuevos actores en la participación política del país (clase obrera, sectores medios urbanos).

Debido a la alianza establecida entre la clase burguesa y el sector social, aparecen las primeras experiencias del sindicalismo y el cooperativismo en Colombia. Lo cual motivó la eliminación del voto censitario y se proclamó la universalización del voto.

Entre tanto en la década de los 50 se registra un apogeo en la ampliación de la democracia con la participación comunitaria. Conocida como el «desarrollo de la comunidad». Pero al mismo tiempo se restringió. Con la aparición de un proyecto hegemónico expresado a través del Frente Nacional, que dio como resultado por medio del plebiscito, la aprobación del voto para las mujeres y permitir la participación política del sexo femenino. Denominado El Plebiscito de 1957.

Cabe señalar que los promotores del Frente Nacional (bipartidismo), justificaron la iniciativa como un mecanismo de transformación social, que lograra poner orden a las clases dirigentes y a los partidos dominantes. Sin embargo, esto trajo consigo otro tipo de violencia la del Régimen Político y del Estado. La llamada violencia revolucionaria.

En este periodo, nace el concepto de la Participación Comunitaria. Juntas de Acción Comunal (Ley 19 de 1958). Como secuela del modelo cepalino en extinción, desarrollado en América latina. Y las políticas de reformismo moderno aplicadas al campesinado, con la creación de la ANUC y las incidencias del apoyo oficial que llevaron a crisis la propuesta.

De otro lado durante la década de los años 70, aparece como fórmula democrática la posibilidad del voto para los jóvenes mayores de 18 años de edad. La cual se gesta por medio del Acto Legislativo número 1 de 1976, tratándole de darle un mayor poder de representación a la comunidad juvenil, que exigía mayor prestancia dentro de las decisiones del Estado.

Asimismo durante la década de los 70 se agudiza la crisis del país, por la aparición de nuevos actores sociales (paros cívicos, nuevos movimientos sociales / movimientos estudiantiles y campesinos).

Como consecuencia de la señalada crisis que atravesaba la nación durante los años 80, se consolida el auge del capitalismo a escala transnacional (neoliberalismo y sociedad económica). Se promueve la descentralización y la regulación de las intervenciones privadas por parte del mismo mercado, minimizando la presencia del Estado.

Esta situación motivó una explosión de la participación ciudadana. Tratando la población de resolver sus propios problemas, sin esperar nada a cambio por parte del Estado.

Otro aspecto de enorme interés que se presentó luego en la década de los años 90, fue la estimulación de la participación desde el énfasis territorial. Se eligen gobernantes locales y se implementan las políticas públicas, su evaluación y seguimiento. Se promueven las herramientas de participación ciudadana consagradas en la Carta Magna de 1991. Pero a su vez, se agudiza la confrontación entre los intereses del Estado por limitar la participación desde una perspectiva sectorial, con los nuevos actores sociales. Que pretendían tener mayor poder decisorio, frente a las políticas de gobierno a nivel nacional.

Esto conllevó a confrontarse de nuevo la noción de democracia. Y se propuso en el país, hacer una diferencia conceptual y práctica de lo que era la participación ciudadana y su relación frente al poder que ejercían las autoridades públicas. Además de las implicaciones políticas y sociales, que representaba las elecciones de orden: nacional, regional y local.

Situación que motivó una participación ciudadana más activa y dinámica en el país. En pro de reformas estructurales y progresistas, que facilitaron la incorporación en el artículo 103 de la Constitución Política Colombia, de 7 nuevos mecanismos de participación. Como fueron: el voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Lo anterior, nos lleva a entender que en Colombia el concepto de democracia ha sido visto afanosamente como un asunto de representatividad. Y no como una posibilidad de participación ciudadana directa y concienzudamente civilizada.

Los partidos políticos tradicionales han incurrido en una dinámica fraudulenta de engaño y chantaje a través de largos años de historia. Propiciando un mayor distanciamiento y ruptura sobre los verdaderos alcances de la democracia participativa, promulgada a partir de la Constitución Política Nacional de 1991.

Mural representativo del Estado