Los arhuacos están distribuidos en 46 Comunidades. Comunidades históricamente pacíficas quienes de igual forma han visto perder sus tierras bajas por cuenta de la colonización y la expansión de las haciendas, lo que ha ocasionado, a su vez, la deforestación de la región 

Alejandro Arias

Santa Marta

Especial para Primicia

Los arhuacos, ika o ijka son un pueblo amerindio que habita la vertiente meridional de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Su territorio tradicional llegaba mucho más abajo que los límites actuales del resguardo hasta la llamada línea negra imaginaria, que encierra varios de los sitios sagrados a los cuales siguen acudiendo a hacer sus ofrendas o pagamentos.

Los arhuacos están distribuidos en 46 Comunidades. Comunidades históricamente pacíficas quienes de igual forma han visto perder sus tierras bajas por cuenta de la colonización y la expansión de las haciendas, lo que ha ocasionado, a su vez, la deforestación de la región. Ocupación que en muchos de los casos no ha sido pacífica y los atropellos han sido evidentes y están registrados en las tristes páginas de la historia nacional.

 

En 1916 los arhuacos solicitaron al Gobierno enviar maestros para enseñar lectura, escritura y matemáticas a sus hijos pero en vez de esto enviaron a misioneros Capuchinos del centro del país que cuatro años después ya atropellaban la cultura indígena e intentaron prohibirla a los niños, estableciendo un régimen de terror en un internado que denominaban “orfanato”. También establecieron trabajos obligatorios, razón por la cual los indígenas pidieron inútilmente que los retiraran de la región.

 

En 1943 los políticos de Valledupar, los misioneros y el Ministerio de Agricultura expropiaron sin indemnización la mejor tierra de Nabusímake, capital de los Arhuacos, para hacer una granja agrícola del estado. Los indígenas lucharon  contra esto y formaron en 1944 la Liga de Indios de la Serra Nevada, que fue declarada ilegal en 1956 por el gobierno militar de la época.

 

En 1962 el gobierno impuso la construcción de una torre de televisión en el cerro Alguacil o Inarwa, su sitio sagrado. Allí se estableció una base del Ejército para imponer a los indígenas la obra. También se construyó una carretera en territorio indígena que abrió el camino a la colonización masiva y hasta hoy ha sido un perjuicio al territorio indígena. Contra todo esto se reorganizó la Liga, que fue “prohibida” por los misioneros y un inspector de policía.

 

En 1972 fue conformado el cabildo gobernador, que resultó una forma de organización adecuada para resistir y defender los valores y tierras indígenas. Los indígenas reorganizados lucharon por la salida de los capuchinos, lo que lograron  en 1983, después de ocupar pacíficamente las instalaciones de la misión el 7 de agosto de 1982.

Pero no ha sucedido así con la ocupación militar que está enriquecida, lamentablemente, de actos ilícitos, atropellos e impunidad.

 

Ocupación a la que se le ha querido dar todas las formas de legalidad posible y que empezó con un cesión ilícita por parte del Municipio de Valledupar mediante Escritura Pública 104 de fecha 25 de febrero de 1965, la que desconoció prescripciones legales existentes y vigentes desde antes de la suscripción de dicho documento.

Regalo que después de 13 años elevaron a matrícula inmobiliaria el 13 de enero de 1978 cuando se registró la Escritura Pública de cesión y que dio origen al folio de matrícula inmobiliaria 190 – 2088 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Valledupar. Matricula que se dio no obstante que tales territorios ya habían sido declarados resguardos y de propiedad de la comunidad arhuaca.

 

Y para evadir las prohibición de adelantar operaciones militares en territorios de resguardo, que consagra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo militares protocolizaron en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Valledupar la Escritura Pública 4549 de fecha 23 de octubre de 2006 en la que se hizo constar la construcción de una base militar sin la observancia, además, de las consultas previas de que trata la Ley 21 de 1991 con la cual Colombia acogió el Convenio 169 de la OIT.

Y como a todo atropello había que cargarle sevicia, con el apoyo del Ejército Nacional se dio protección y amparo a la empresa ELECTRICARIBE S.A. ESP. para que sin agotar los trámites contenidos y reconocidos con el Convenio 169 de la OIT invadiera y construyera dentro del resguardo indígena los tendidos eléctricos.

 

Atropellos que a lo largo de todos estos años se pusieron en conocimiento de muchas autoridades y de las que se dejaron particulares constancias. Ejemplo es la Resolución Defensorial 24 de fecha 18 de septiembre de 2002 que dio cuenta de ellas y en la que se registró la “Situación de los Derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá”.

 

Denuncias que igualmente fueron registrados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 relacionada con la “Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04”.

 

Los medios de comunicación también han contribuido a visibilizar esta vulneración a los derechos fundamentales del pueblo indígena Arhuaco.

 

Contribuyeron para que se conocieran los testimonio de los actores y se dejara constancia de la verdad de cada una de las consideraciones y hechos que a lo largo de estos muchos años habían permanecido en el silencio.

 

Gracias a los medios de comunicaciones se confirmó que el Ejército ha recaudado por concepto de renta entre $ 60 y 70 millones año por cada antena de propiedad de entidades distintas a las FFMM que hace permanencia en el sitio sagrado Arhuaco y que de acuerdo a la Sub Gerencia de Asuntos Étnicos del Incoder en dicho resguardo no se reconocen títulos de propiedad distintos a los de los indígenas.

 

Fue entonces como se logró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y sus distintos representantes atendieran a las autoridades Arhuacas el 29 de junio, se pudiera radicar la solicitud de revisión de la matrícula inmobiliaria que ostentan las FFMM dentro del resguardo ante la Superintendencia de Notariado y Registro y la Gerencia de Asuntos Étnicos de Incoder e igualmente se presentara un informe sobre estos abusos, en contra de la supervivencia de la comunidad arhuaca, ante la Corte Constitucional.

 

Hoy la Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004, se pronunció y remitió al Ministerio del Interior copia del informe a efectos que ésta valorara y dispusiera las medidas pertinentes para la protección de los derechos fundamentales del pueblo indígena Arhuacos y así mismo anunció, la Alta Corporación, se pronunciará en futuros autos que proferirá dicha Sala Especial.

 

Después de 60 años de oprobio y olvido hoy las autoridades colombianas abren un camino de esperanza que permiten creer que los Arhuacos caminan seguros en pos de la recuperación de Inarwa.

 

El Parque Tayrona y estas causas indígenas tienen mucho que agradecer a uno de sus nobles apoyadores, Ernesto McCausland.