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«El Panóptico»: LA NUEVA LEY ESTATUTARIA SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Temor sienten las universidades de elite por la educación del pueblo 

 

 

Jhonny Alexis Lizcano L.

Una nueva controversia se suma al intransigente y polarizado escenario nacional. Esta vez las protagonistas son las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del país. Frente a la nueva Ley Estatutaria del gobierno nacional, que pretende convertir a la educación en Colombia, como un derecho inalienable.

El debate apenas comienza, pero ya sobre la mesa están las apuestas claras. Mientras las universidades públicas como la Nacional de Colombia, Antioquia, Valle y la UIS, respaldaron al unísono la iniciativa del gobierno. Por considerarla progresista al reconocer el derecho fundamental que posee la educación, para el desarrollo social y económico del país. Con igualdad y equidad. Las universidades privadas como la de los Andes, Javeriana, la Sabana y EAFIT, cuestionaron la Ley Estatutaria.

Advirtiendo que de aprobarse, podría desincentivar la matrícula de muchos colombianos promedio, en las Instituciones de Educación Superior (IES), privadas.

Lo anterior, devela con exactitud y precisión la crisis que por décadas viene atravesando la educación superior en Colombia.

Ante un deterioro sistemático de su calidad, cobertura, inversión e inclusión territorial. Por el auge desenfrenado del denominado «Capitalismo del Conocimiento». Que ha pretendido tercerizar la educación superior y situarla específicamente como un servicio comercial, para el mejor postor. En relación a la demanda y oferta del mercado.

Sumado a lo anterior, los contradictores acérrimos a la Ley 30 de 1992, indican que ya es hora de incentivar una reforma sustancial al sistema educativo universitario en Colombia.

Modificando drásticamente los artículos 86 y 87, sobre el modelo de asignación de recursos para las instituciones universitarias públicas, en todo el territorio nacional.

Pero lo cierto es que mientras el gobierno nacional bajo la premisa del Presidente Petro, busca aceleradamente promover el acceso universal a la universidad pública, con gratuidad y calidad para millones de jóvenes colombianos, sin oportunidades de formación. Sus opositores en este caso, el gremio más destacado de las universidades privadas, insisten en garantizar el acceso a recursos. Que les permita su sostenibilidad financiera y una permanencia más rentable y garantista, en el mercado colombiano e internacional.

El mejor ejemplo se vivió años atrás con el programa «Ser Pilo Paga», del gobierno de Juan Manuel Santos. Que luego fue denominado en el gobierno de Iván Duque, como «Generación E». Los cuales lograron auto sostener con enormes recursos económicos de carácter público y del Estado, a un buen número de universidades privadas colombianas, que estaban a punto de quebrar o cerrar por su déficit de matrículas. A merced del endeudamiento de por vida, de miles de jóvenes de bajos recursos en el país. Que bajo la promesa, el engaño de una mejor calidad educativa y oportunidades laborales, cayeron en la trampa de alimentar o amamantar el sistema privado de educación superior colombiano.

Tal como en su momento lo expresaron muchos estudiantes afectados por el programa: «se cree que es una beca, cuando en realidad es un crédito – beca. Y si no se tiene claro, puede acarrear consecuencias a futuro. Y lo que comenzó como una ayuda para el bachiller con menos recursos, se puede convertir en un calvario. Porque si el pilo o el de Generación E, no acaba en los semestres que determina la carrera, deberá devolver todo lo que el ICETEX le prestó. Y si estudió en una universidad privada, en la que cada semestre vale 8 o 9 millones de pesos, la deuda sería más de $70 a $80 millones. Quedaría endeudado prácticamente de por vida».

Es decir que muchos jóvenes con inocencia, privilegiaron inconscientemente el sistema educativo universitario como un servicio privado. Y no como un derecho universal inalienable.