Los compradores de votos para ser elegidos en la mira de las autoridades.
TEMOR EXISTE ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS ACOSTUMBRADOS A COMPRAR VOTOS ANTE EL MEGA OPERATIVO QUE MONTARÀ EL GOBIERNO NACIONAL CONTRA LOS DELINCUENTES ELECTORALES.
Rafael Camargo
La Fuerza Pública desplegó una estrategia de vigilancia urbana y rural para atender 211 denuncias sobre posibles delitos electorales en el marco del Plan Democracia 2023, implementado por el Gobierno del Cambio para garantizar el libre ejercicio del voto en los comicios del 29 de octubre de 2023 y que abarca todo el país.
La Policía Nacional activó un equipo especial de investigadores judiciales que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tramita las denuncias por posibles delitos electorales reportados hasta el momento en la Costa Caribe, el centro del país y en algunos departamentos fronterizos.
Del total de denuncias recibidas por las autoridades judiciales, 140 corresponden a fraude en la inscripción de cédulas, 25 por constreñimiento y 21 por corrupción del sufragante, entre otros delitos.
Los municipios donde se agrupan la mayor cantidad de denuncias son Cartagena, Bogotá, Pasto, Jamundí y Soacha.
Los reportes indican que se registra una disminución de 24% en hechos de afectación al proceso electoral, teniendo en cuenta que en los pasados comicios para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en 2019 se habían presentado 891 afectaciones. Este año van 679 casos, es decir, 212 menos.
«Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional, así las cosas, seguiremos investigando penalmente las conductas que afecten las elecciones en nuestro país», afirmó el coronel Henry Bello Cubides, gerente del Plan Democracia de la Policía.
El presidente Gustavo Petro, quien ordenó activar un programa de recompensas para quienes denuncien la compra de votos, posteó en su cuenta de X (antes Twitter) que «se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional».