Palacio de Justicia

Rodrigo Silva Vargas

El 29 de septiembre de 2021 recibí por correo electrónico un panfleto proveniente dizque de la Corte Suprema de Justicia. Al comienzo no creí en su origen por los deplorables errores de redacción y ortografía. Venía con mi antigua dirección domiciliaria en Bogotá, mi anterior número de teléfono fijo y mi correo. Se me solicitaba concurrir como declarante contra Gustavo Petro el día 12 de octubre siguiente, exactamente 24 horas antes de yo pasar a una sala de cirugía.

No le di importancia hasta un par de días después, cuando un señor empezó a llamarme. También tenían mi número celular. El individuo se negó a darme información sobre qué tema debía yo declarar contra Petro. Y cuando le dije que dudaba que fuese de la Corte por el pésimo escrito, también lo dudó y días después cambiaron el correo tratando de hacer unas correcciones. El original lo eliminaron esos días.

Pero resultó que sí era de la Corte y que yo estaba conminado a comparecer. La cita era en un edificio de la Corte al norte de Bogotá, pues los señores en su falsa grandeza ya no caben en el Palacio de Justicia sobre la plaza de Bolívar, donde pernoctan muchos prebeyos. Cuando llegué al primer piso, me pidieron la cédula y la retuvieron ilegalmente aunque al salir me la entregaron y por razones de la pandemia usé guantes y desinfectante para evitar contagios de  varias formas, como la misma Corte.

Cuando inició la diligencia fui advertido que por ser periodista no podía grabar ni tomar fotos. El magistrado (perdón por escribirlo en minúscula) preguntó a qué me dedicaba.

-Fui periodista y ahora me desempeño como aprendiz de Pachamama, fue mi respuesta. Observé el asombro de los interrogadores, pues creo que todavía se están preguntando qué diablos fue lo que dije.

Desde luego, nunca me habían querido decir sobre qué tema era el proceso contra Petro, es decir que mis repuestas tenían que ser a la mansalva, valiéndome solo de la memoria, pues no podía llevar documento alguno que reafirmara mi declaración. Pero todo era por una acusación montada desde las páginas del diario El Tiempo, cuando Petro era Alcalde de Bogotá.

Todas mis respuestas pude basarlas en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana y sus tres ejes estratégicos, principalmente en el referente a la adaptación al cambio climático y la necesidad de apostarle a energías renovables o limpias. Creo que también sobre eso aún están pensando qué diablos significa.

Fue un interrogatorio de más de dos horas y a todas sus inquietudes respondía armado de mis recuerdos. Como no pudieron encerrarme en contradicciones, ya casi al final de la diligencia el magistrado (no digo su nombre, no por respeto sino por miedo) preguntó si para presentar esa declaración yo había sido amenazado u obligado.  Cuando respondí afirmativamente, los ojos del magistrado y sus asesores se desorbitaron y parecían salirse de sus gafas. Y obviamente de inmediato preguntaron quién me obligaba y/o amenazaba. Y más o menos mi respuesta fue:

-No sé si he venido con más indignación que vergüenza, pues he venido amenazado y obligado por la autodenominada Corte Suprema de Justicia, que sin pudor ni vergüenza obliga a un viejo como yo a concurrir bajo la amenaza de traerme con policía y encerrarme en prisión durante un mes. Sin el menor indicio de respeto por la edad, la salud y la vida rural, contra las más elementales normas de urbanidad, sin tener en cuenta  que podría estar en un quirófano como debo estar dentro de 22 horas, sin que se me suministre información sobre qué tema debo dar respuestas. Y en su panfleto, que no oficio, lleno de errores de redacción y ortografía, me dicen que tengo que venir porque ustedes quieren y si no, como en cualquier dictadura, mandan la policía a traerme y luego me lleven a una cárcel.  ¿No es eso una amenaza? ¡Viene o lo traemos! ¡Y a la cárcel! De ustedes recibo trato de delincuente, no de persona, y tal vez por eso retuvieron mi cédula ilegalmente, para dejarme indocumentado.

Como en un famoso poema, se escuchó un silencio sepulcral. Y el magistrado que conducía el interrogatorio se repuso para preguntarme si tenía algo más que agregar o aclarar en la diligencia. La respuesta fue:

_-Repito que no sé qué siento más, si indignación o vergüenza. ¿Cómo es posible que de la Corte Suprema reciba uno un oficio o libelo en que el nombre de la corporación a la que pertenecen está escrito en minúscula, como si fuese un sustantivo común y no uno propio? ¿Cómo es posible que escriban con tantas faltas de ortografía y de semántica, y de redacción y se sentido común? ¡Da tristeza que esto se llama Corte Suprema de Justicia cuando una secretaria de una Sala de Instrucción ni siquiera sabe escribir el nombre de la entidad para la cual trabaja y los señores dizque magistrados ni siquiera se dan cuenta! Ustedes, que sospecho son abogados, deben saber que acá nos regimos por el llamado Derecho Positivo, es decir, que nos regimos porque lo que está escrito, y ni siquiera saben escribir, ni leer. Y que en ese Derecho no es lo mismo un alcalde o gobernador o magistrado que el Alcalde, el Gobernador o el Magistrado. No es lo mismo papa que Papa.

Martín Lutero decía que si en la Biblia se cambia una sola coma en el evangelio que describe la resurrección de Jesús, se acabaría la esencia del cristianismo: Y acá ustedes no saben dónde poner una coma, un punto, una mayúscula. Sería bueno que en vez de eventos en Cartagena para simposios y eventos, gastaran dinero en cursos de redacción y ortografía para que las providencias que de acá emanan sean claras y precisas, como se ordena en Derecho. Reitero, esto me produce indignación y vergüenza al ver en manos de quiénes está la administración de eso que eufemísticamente llamamos «justicia». Ojalá me suministren copia de esta declaración en la que un simple aprendiz de Pachamama del grupo de los Nadie, les habla de su irresponsable ignorancia.

Lógicamente el magistrado dijo que carezco de derechos para tener una copia de la declaración y dio por terminado el interrogatorio.

Ahora veo la indignación que ha causado en los autodenominados magistrados el que el populacho, los nadie, se movilice para pedir que cumplan sus funciones. Se sienten dizque secuestrados por el constituyente primario que les exige que cumplan sus funciones y elijan una Fiscal General de la terna enviada por el Presidente de la República, como ordena la Constitución Política. Solo porque, por sus intereses, necesitan un fiscal que les brinde prebendas y puestos en ese cartel de la toga que se las da de magistrados.

Escuchaba por televisión una declaración del presidente de la Corte sobre «el secuestro» del jueves pasado en la que  textualmente decía que tratarán de hacer la elección «en la próxima sección ordinaria». No sé si el señor sabe leer lo que le escribieron y allí decía «sección» en vez de «sesión» o es que ese magistrado también «habla con errores de ortografía».

«Cuando respondí afirmativamente, los ojos del magistrado y sus asesores se desorbitaron»