Así fue presentada la investigación de Cuestiòn Pùblica. La fiscal cuestionada ahora es amparada por la Corte Suprema de Justicia. 

«Barbosa convirtió a la Fiscalía General en la policía política del Estado»

Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Por uno de los corredores de concreto del edificio H, en el amplio Búnker de la Fiscalía General, se impartía la orden de un microproyecto. No tenía resolución judicial ni auto con firma o membrete, pero sí nombre y apellido: Ramiro Bejarano Guzmán. Un aparente disfraz para hacer seguimientos. Fue creado en el periodo de Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, aplicado de manera irregular hasta hace muy poco, cuando en apariencia lo legalizaron a través de la directiva 0002, del 12 de abril del 2023.

Este caso confirmó la investigación de Cuestión Pública: a personas incómodas para Barbosa y Mancera les habrían aplicado una suerte de perfilamientos, al parecer sin órdenes judiciales ni notificaciones. Tenemos las pruebas documentales.

Bejarano, abogado y catedrático, escribió en su columna dominical en El Espectador que entre octubre de 2020, ocho meses después de que Mancera asumió como vicefiscal, y agosto de 2022, investigadores y analistas de la entidad indagaron con suma obsesión sobre sus actuaciones como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 1994 con motivo del asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Él nunca fue notificado de la apertura de dicho expediente, de la existencia de órdenes judiciales para ello, ni el motivo concreto de las pesquisas, como expuso en «La conjura en tiempos de Barbosa».

De acuerdo con su versión, el abogado supo que lo investigaban dos años atrás, pero solo pudo hacer público el caso hasta hace pocos días cuando consiguió las pruebas. Se trata de detallados cuadros de Excel titulados «Hechos por Tendencia», que están en poder de Cuestión Pública, en los que funcionarios judiciales crearon una extensa bitácora sobre el exdirector del DAS, es decir, Ramiro Bejarano. ¿Por qué?

Los registros incluían columnas suyas que etiquetaban como «YO ACUSO, ARTÍCULO PERIODÍSTICO – 8/22/2009» o «CARTA ENVIADA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN (E) DR GUILLERMO MENDOZA DIAGO – BOGOTÁ – 22/02/2010 (sic)». En uno de los documentos se encontró incluso un archivo con la etiqueta «Casos relevantes Daniel Coronell 2021».

Bejarano señaló en conversación con este medio que a los que les habían asignado dicha tarea eran subalternos de Gabriel Ramón Jaimes, jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. También el primer fiscal que asignó Francisco Barbosa para asumir la solicitud de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal-

Para el abogado, víctima de un microproyecto al parecer ilegal, su participación en la defensa del senador Iván Cepeda, la contraparte de Uribe en ese proceso, fue la real motivación de las pesquisas secretas, mucho antes de que el ente investigativo emitiera la directiva 0002 en la que oficializaba los microproyectos. Así lo dijo en consulta con Cuestión Pública: «Tampoco mencionan que yo, Ramiro Bejarano, soy un columnista que ha sido incómodo para ellos, para Uribe, para Duque, para Barbosa, para ese Gabriel Ramón Jaimes, que como abogado he hecho parte del equipo del doctor Iván Cepeda en el pleito con Álvaro Uribe».

En ese sentido, la Fiscalía señaló en su comunicado que como el fiscal del caso y su policía judicial habían sido reubicados «en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el caso fue reasignado a esa dependencia para darle continuidad». Sin embargo, la institución omitió el año de la resolución que ofició dicha reubicación.

El mecanismo de funcionamiento empezaba con el minucioso registro de hechos, acciones o declaraciones vinculados a Bejarano. Para el caso en concreto, identificado por Cuestión Pública, el microproyecto habría avanzado el 27 de enero de 2022, cuando la encargada de la recolección inicial, la investigadora Lida Marcela Valencia Giraldo, le dio el parte de los hechos relevantes en el caso Álvaro Gómez y las actuaciones del abogado Bejarano a quien hizo el análisis, Gladys Sierra Torres, «gestora de conocimiento e innovación» de la Fiscalía. Sierra Torres le indicaba a Valencia Giraldo qué hechos eran relevantes y en qué debía profundizar.

Microproyectos al estilo El Padrino

Como en el caso del abogado, sobre los microproyectos, al parecer, no existía oficio ni resolución. Al menos, en una fase inicial hasta la directriz 0002 de 2023. Empezaron siendo «absolutamente informales», como una suerte de oficina fantasma que se manejaba, según una de las fuentes consultadas, desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, ubicado en el edificio C de la sede principal de la Fiscalía en Bogotá.

Esta red habría empezado a ampliarse con algunos fiscales en diferentes seccionales, pero se coordinaría desde el edificio H del Búnker. Allí está ubicada la oficina de la delegada para la Seguridad Territorial, dirigida por la mano derecha de Mancera, Luisa Fernanda Obando Guerrero, quien ahora la acompaña en la cúpula de la fiscal general encargada, la misma Mancera.

En el rastreo de pruebas que encontró Cuestión Pública, dimos con documentos que confirmaban dos informaciones dadas por las fuentes consultadas. La primera, el nombre que le dieron a estas indagaciones fantasmas. La segunda, que estas pesquisas a la sombra respondían a la vicefiscal Martha Mancera, hoy la Fiscal General por encargo.

Las pruebas datan del 18 de marzo de 2022, día en que un funcionario de la Fiscalía convocó a la dirección de Apoyo para la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada con el fin de coordinar una comisión de viaje para los días siguientes a Cali «en el marco de los microproyectos adelantados por el despacho de la Vicefiscal».

Las madrinas conducen a Cali

La fiscal Zambrano, según la página de la Función Pública, fue fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos en 2012, luego fiscal delegada ante jueces del circuito el año siguiente, y en 2015, saltó a la subdirección del sector defensa de la Fiscalía. Un año más tarde se convirtió en fiscal delegada ante jueces penales especializados del circuito. Para 2021, trabajaba como directora de la Fiscalía Seccional Guaviare hasta donde este medio ha podido recabar.

El 20 de mayo de 2021, mientras ostentaba el cargo, firmó la resolución 022, en la que reversó la decisión de crear el despacho 16 especializado al interior de la Dirección Seccional Guaviare. Sería el fiscal Iván Aguirre Benavides, conocido como el «narcofiscal», quien iba a ocupar este cargo. Aguirre ha sido amigo y excompañero de Martha Mancera, que sigue enfrentando investigaciones por presuntos nexos con la mafia en Cali, ahora desde la jubilación.

Las fiscales González y Hernández, como corroboró este medio en documentos oficiales, trabajaban en llave con Francisco Javier Martínez Ardila, exdirector del CTI de Buenaventura, quien fue señalado en una investigación judicial de la Fiscalía de ser alias «Pacho Malo», el enlace de una poderosa red de narcotráfico en Buenaventura que ayudaba a contaminar contenedores y buques con cocaína.

Diana Mirena, precisamente, fue señalada por el fiscal 51 y los investigadores del CTI denunciantes de la red narco, como la pareja de alias «Pacho Malo». ¿Astrid Zambrano, «madrina de occidente», era entonces la madrina de la pareja de Pacho Malo?, y ¿madrina para qué?

La que hasta hace pocos días fue la vicefiscal Mancera trabajó como directora seccional de Fiscalías del Valle entre 2014 y 2017. De allí provienen varias denuncias en su contra por presuntamente favorecer al zar del contrabando, Diego Marín, como reveló Casa Macondo. 

También por presuntamente no haber destruido una mercancía como fiscal en Buenaventura, que, según la Rama Judicial, permanece en reserva y en etapa preliminar en el Consejo Superior de la Judicatura. Su amistad con los llamados narcofiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto y su presunto encubrimiento al director del CTI de esa ciudad, Francisco Martínez.

Todo este aparataje de microproyectos dejó la vicefiscalía. Con el asenso, ahora trabajan desde el despacho de la fiscal general encargada, Martha Mancera.

Cuestiòn Pùblica