Chiquita Brands Internacional, financió la guerra de los paramilitares.
Como todo un hito histórico en defensa de los derechos humanos y la reivindicación de las víctimas del conflicto armado colombiano, se convirtió el fallo de un jurado federal de la Florida, en contra de la multinacional del banano Chiquita Brands Internacional. La cual tendrá que pagar 38.3 millones de dólares a demandantes y familiares.
El veredicto se formalizó en un dictamen de juicio civil en una corte de West Palm Beach, luego de más de una década de litigios y confrontaciones. En la cual la bananera, no logró justificar que su asistencia y colaboración al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fuera un acto fortuito para proteger a su personal de la violencia que ejercía dicho grupo insurgente en la zona. Además, tampoco demostró que su ayuda tuviese una alternativa razonable. O en su defecto, hubiese sido presionado, acosado o amenazado por los paramilitares. Sino que por el contrario, la ayuda de la multinacional a las AUC de Colombia, «se constituyó en una actividad peligrosa, que aumentó el riesgo para las personas de la comunidad. Más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos». Recalcó el dictamen final.
En ese sentido, Chiquita tendrá que indemnizar a demandantes, sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y principios del 2000. En la región del Urabá y el Magdalena Medio de Colombiano.
Así pues el presente fallo, no solo corrige una deuda histórica del país en términos de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado nacional. – En este caso en cortes internacionales -. Sino que además, pone nuevamente en evidencia y en el plano mundial el atroz proceder de las AUC en Colombia. En colaboración clandestina y sistemática con grupos empresariales, económicos y políticos. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Recordemos que Chiquita Brands Internacional, ya había admitido en una Corte de Nueva York, que había pagado y financiado a paramilitares colombianos. Con una cifra superior a los 2 millones de dólares.
De ahí la importancia como lo aseveró Marco Simons, Asesor General de la organización EarthRights Internacional. «Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos. Sus actos no quedarán impunes. Estas familias que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones criminales, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial».
Sin duda un mensaje categórico y restaurativo, en tiempos en donde la mentira, el caos y la confusión. Parecen reinar…
Que buena noticia!! La justicia tarda , pero llega. Tantas familias afectadas verán por lo menos un poco de justicia y recompensa para su espera y dolor.
Si es posible que los entes de justicia logren que los corruptos y los que abusan del poder y el dinero hagan pagar sus errores, abusando de la poblacion maginada, pobre y necestada.
Que bien!!!