Las chuzadas
Jaime Araujo Rentería
Ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia
Como su nombre lo indica, lo perverso es sumamente malo, y así es la costumbre que tenemos en Colombia, de ponerle nombres bonitos a graves delitos. Al genocidio de las personas que buscaban un trabajo y fueron asesinados 2 veces, físicamente para presentarlos como guerrilleros y luego moralmente, presentándolos como autores de otros delitos, le pusieron el nombre de FALSOS POSITIVOS, con el fin de justificar y atenuar la responsabilidad de sus autores materiales e intelectuales.
A la violación masiva de derechos humanos, que era la ejecución de varios delitos graves, le pusieron el eufemismo de CHUZADAS, que no eran solo chuzadas telefónicas sino también, como lo documentó Juan Gossaín, desprestigio por medios de comunicación, encuestas, cadenas de chat, distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros, creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes, sabotaje, terrorismo explosivo, incendiario, servicio públicos y tecnológicos, presión, amenazas y chantaje de los que el gobierno de turno consideraba como sus enemigos.
A la corrupción de algunos congresistas para que votaran como el gobierno de entonces quería, le denominaron MERMELADA y cínicamente se dijo que por su causa, aumentaría el número de «diabéticos en Colombia», por no referirse al número de corruptos o corrompidos
Ahora, ante la queja de varias autoridades (Cortes, JEP, congresistas y miembros de la oposición) de que se están cometiendo otra vez esos graves delitos volvemos a utilizar un eufemismo, con el mismo objetivo de eludir o minimizar la responsabilidad de los autores intelectuales o materiales y de sus cómplices. Al pan, pan y al vino, vino; graves delitos no son chuzadas ni falsos positivos y tenemos que comenzar por nombrarlos con su verdadero nombre: genocidio, terrorismo de personas o terrorismo de estado, violación de derechos humanos. No hay que olvidar el artículo 28 de nuestra constitución que dice: «Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley».
Como es también delito a la luz del Código Penal: «Artículo 192. Modificado por el art. 14, Ley 890 de 2004.Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses».
La violación de derechos o la comisión de delitos, es otra forma de corrupción de la Constitución y de la ley
Se equivocan quienes creen que la las únicas formas de corrupción, son los delitos y especialmente los que se cometen contra la administración pública: peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etc, pues también lo es la violación de los derechos humanos, por cualquier persona y particularmente por parte del propio Estado, que debe protegerlos y no corromperlos. A la luz del diccionario de la lengua española, la corrupción tiene varias acepciones:
1. f. Acción y efecto de corromper o corromperse.
2. f. Deterioro de valores, usos o costumbres.
3. f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.
Es claro que con los graves delitos de las «chuzadas», el peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, etc, (casos pasaportes, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sociedad de Activos Especiales, financiación ilícita o violación de topes de las campañas políticas, etc) se corrompe la Constitución, se corrompe la ley, se deterioran los valores y se utilizan ilícitamente las funciones públicas.
Público, privado e íntimo
El ser humano, tiene la doble condición de ser irrepetible e individual y al mismo tiempo social. Esta necesidad del hombre, es lo que ha permitido clasificarlo, precisamente como un ser social por naturaleza y como consecuencia, como un animal político por naturaleza, como lo definiera Aristóteles. Esto es lo que explica, que en Atenas, se consideraran como malos ciudadanos a quienes no se interesaban por la polis (política), por lo público y se dedicaran exclusivamente a actividades privadas. Lo privado, puede definirse de manera negativa, afirmando que es todo aquello que no es público y puede a su vez subdividirse en lo privado y en lo privado más privado, esto es lo íntimo. No es lo mismo lo que hacemos frente a todas las personas y queremos que ellas conozcan de nosotros, que lo que hacemos ante un grupo reducido de personas,por ejemplo, amigos, o lo que hacemos solos y queremos que no se conozca o se sepa solo por personas especiales para cada uno de nosotros, como por regla general no nos desnudamos, literal y simbólicamente, ante todas las personas.
Lo grave del delito de las chuzadas, que como dijimos, no fue solo interceptar comunicaciones, fue despojar a las personas de su esfera privada e íntima y de paso arrebatar parte de su dignidad humana, libertad de opinión y otros derechos humanos. Y si a esto se agrega, que la gran mayoría de las veces, se usa por los gobiernos contra la oposición o quienes piensan distinto a este, para luego torturar o desaparecer, se ve la gravedad del asunto. No sobra recordar el caso WATERGATE, que buscaba instalar dispositivos de escucha en los teléfonos del Comité Nacional del partido político Demócrata en el Complejo Watergate en Washington, DC y fotografiar documentos de su campaña, incluyendo la intervención de micrófonos en las oficinas de los oponentes políticos, investigaciones no autorizadas y el uso indebido de agencias gubernamentales con fines políticos. Tampoco sobra decir, que con el desarrollo de la inteligencia artificial, es más fácil para los gobiernos invadir las esferas privadas e íntimas de los ciudadanos, sin dejar ningún rastro o prueba, o destruirlas existentes, como hizo el DAS cuando se descubrieron los delitos que estaban cometiendo, como lo confesó ante la fiscalía el ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, quien destruyó cajas completas de pruebas de las interceptaciones y seguimientos violatorios de nuestros derechos, que hizo el DAS a muchas personas durante el gobierno de Uribe, como en mi caso particular documentado por RCN el 28 de octubre de 2010: «Las pruebas que ya tiene en su poder la Fiscalía también demostrarían el espionaje a la destituida senadora Piedad Córdoba y a los ex magistrados Jaime Araújo Rentería y …».
Conductas que hoy siguen impunes, por la falta de investigación de la fiscalía y la JEP, a pesar de que cumplimos con nuestro deber ciudadano de denunciar estas violaciones de derechos humanos. Paradójicamente la JEP, pide que se investiguen las «chuzadas» contra ella, empero, no permite que quienes fuimos víctimas de los mismos y otro delitos más graves, nos constituyamos en parte civil y apoderados de nuestros propios casos (caso de funcionarios del DAS admitidos en la JEP: Radicado Expediente Interno N°9000273-48.2019.0.00.0001; Compareciente(s): Rodolfo Medina Alemán, Enrique Alberto Ariza Rivas, Eduardo Aya Castro, Mario Orlando Ortiz Mena, Ignacio Moreno Tamayo, Giancarlo Auque De Silvestre), como se lo he solicitado varias veces por escrito y personalmente al presidente de la JEP en ese momento Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Lo común y lo distinto en las nuevas chuzadas
Lo común son los eufemismos con que se califican esos graves delitos y como ellos corrompen la Constitución y la ley, se deterioran los valores y se utilizan ilícitamente las funciones públicas. Lo distinto es, que en este caso, el presidente de la República, ha dicho públicamente que no las ha ordenado, no las patrocina y que cualquier funcionario que dependa de él y esté comprometido será separado de su cargo, lo que es positivo para los derechos humanos y lo que no sucedió en el gobierno Uribe, quien por el contrario, las patrocinó contra la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y a cuya oficina llegaban reportes del DAS, con nombres de los magistrados, como sucedió en mi caso, y está documentado por el periodista Julián Martínez.
Sin embargo, para el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, esta declaración positiva del presidente, es necesaria más no suficiente, como tampoco es suficiente la reunión de una Corte con el director de la inteligencia del Estado; se necesitan muchas otras cosas, ya que los magistrados, congresistas o miembros de la oposición, no son expertos en inteligencia y mucho menos en inteligencia artificial, por lo que es necesario un comité de expertos permanentes e independientes (de todos los poderes y todas las personas) que estudie todas las denuncias, presentes y futuras, utilizando todos los instrumentos técnicos y científicos existentes hoy y en el futuro, que produzca un dictamen definitivo e imparcial y que los responsables intelectuales, materiales o cómplices sean sancionados ejemplarmente.
Norberto Bobbio en su obra «El futuro de la democracia» ejemplifica la fórmula trascendental de Kant: «sin publicidad no habría justicia, pues la justicia no se concibe oculta, sino públicamente manifiesta; ni habría, por tanto, derecho, que es lo que la justicia distribuye y define… », y dice dice: «piénsese en las diversas formas que puede asumir la corrupción pública, el peculado, la malversación, la extorsión, el interés privado en actos oficiales y así por el estilo, solo por dar ejemplos banales, cosas de todos los días. ¿Qué oficial podría declarar de manifiesto en el momento en el que toma posesión de su cargo que se apropiará del dinero público (peculado) o del dinero que no pertenece a la administración pública del que él tiene posesión debido a su cargo (malversación), u obligará a alguien a darle dinero abusando de su calidad o de sus funciones (extorsión), o utilizará su cargo para ventaja personal (interés privado en actos oficiales)? Es evidente que tales declaraciones harían imposible el acto que se declara porque ninguna administración pública confiaría un cargo a quien lo hiciese. Esta es la razón por la que tales acciones deben ser hechas en secreto y, una vez que se hacen públicas, provocan aquel sacudimiento en la opinión pública que se llama precisamente «escándalo».
Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado fueron sindicados por la Fiscalía de siete delitos relacionados con seguimientos ilegales a personajes de la vida pública, siendo señalados como los precursores de las chuzadas.