El Presupuesto General de la Nación, presentado por el gobierno, por $523 billones -29.4% del PIB nacional- 

Bernardo Ordóñez Sánchez

El Presupuesto General de la Nación, presentado por el gobierno, por $523 billones -29.4% del PIB nacional-  distribuido en: 62.7% en funcionamiento, 21.5% servicio de la deuda y 15.8% en inversión. No fue aprobado por el Congreso, lo que  el presidente debe emitirlo por decreto para convertirse en la Ley de Presupuesto de 2025.

El  no aprobarlo por parte de las comisiones económicas del Congreso por falta de quórum, podría interpretarse como un apoyo directo al gobierno. La discusión inicial para la aprobación por parte del Congreso se fundamentó principalmente en el desfinanciamiento de 23 billones de pesos. En artículo anterior coincidíamos que la discusión era política y estaba centrada en la financiación de las reformas sociales propuestas por el gobierno y la necesidad de encontrar un balance entre el gasto social y la estabilidad económica, lo que ha generado divisiones en el Congreso.

A medida que el país enfrenta retos fiscales y sociales, la estabilidad política también influye en la percepción de confianza tanto de ciudadanos, empresarios, organismos internacionales y calificadoras de riesgo; mientras esto sucede hay señales de modesta recuperación y el crecimiento proyectado es mayor frente al año anterior.

El presidente Petro propone un aumento  de 5.5% del presupuesto  de gasto público para inversión social, cifra cuestionada. En  Argentina el presidente Milei, contrajo la inversión de capital,  el gasto público, también se contrajo el gasto de consumo, el resultado de la economía argentina se contrajo 5.50% y se acerca a una recesión.

El dilema entre el gasto social y la estabilidad económica es un tratamiento recurrente en la política económica, ya que las necesidades sociales y la sostenibilidad fiscal se encuentran en constante tensión. La reforma a la salud, los programas de educación, laboral, pensiones, los subsidios y ayudas económicas directas a las poblaciones más pobres para mermar las desigualdades y mejorar el bienestar de más de la mitad de la población colombiana, son necesarias.

Lo anterior es loable que se proyecte a un mayor gasto social, pero lo que no se entiende es restringir el ingreso de utilidades de la mayor empresa productora de divisas como lo es Ecopetrol, esto compromete el financiamiento de esos proyectos sociales, hasta ahora no se ha pronunciado el ministro de hacienda para obtener  ingresos alternativos. Salvo la valiente posición que tomo para disminuir los subsidios al acpm,  para evitar el incremento de deuda, medida que los partidos de oposición rechazan.

La clave del equilibrio entre un mayor gasto social propuesto y la  alternativa de energías limpias, sería implementar ambas políticas de manera gradual, asegurando que las finanzas públicas se mantengan equilibradas mientras se avanza hacia una economía más verde.

Las expectativas  están en la expedición del decreto presidencial del presupuesto 2025 si es que el gobierno  considera ajustes y prioridades. Los escenarios posibles son tema de consideración: Ajuste y prioridades en el gasto público, un recorte en áreas claves como defensa  e infraestructura, aplazamiento de algún programa social o refinanciación de deuda.

Lo que sí se puede deducir es que la no aprobación del presupuesto en el Congreso por falta de quórum es un apoyo condicionado de los partidos  de centro, izquierda y coalición de gobierno para con el presidente, y el argumento  es que es necesario avanzar con las políticas sociales que el presidente ha propuesto.

La actitud del congreso ha  demostrado apoyo hacia los objetivos del presupuesto como enfoque social y reactivación económica, así haya reserva sobre la financiación. Algunos sectores del oficialismo piden medidas adicionales para garantizar que se cumplan las metas fiscales. Los partidos como el Centro Democrático y sectores de Cambio Radical han expresado que el aumento del gasto podría tener presiones inflacionarias y empeorar el déficit fiscal.

Lo que se debe esperar es que el decreto presidencial del presupuesto 2025 salga tal como fue presentado por el gobierno al Congreso, como también es de esperar que el elegido procurador sea el candidato del presidente.