Saulo Arboleda

José Javier Palomino Barón

En noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordenó al Estado Colombiano reanudar el caso en contra del ex ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda; por lo que, la Corte Suprema de Justicia tendrá que revisar una decisión que, de acuerdo a las leyes vigentes y correspondientes al año 2000, se profirió en única instancia.

Esa sentencia tiene que ver con que «en 1997, bajo el gobierno Samper, en medios de comunicación se conocieron detalles de una conversación privada entre Arboleda y el entonces ministro de Minas y Energía, Ómar Rodrigo Villamizar. El diálogo giró alrededor de la adjudicación de una emisora radial en el Valle del Cauca, en la que Villamizar le recomendó a un periodista de Cali que había sido preseleccionado; por esto, el 20 de agosto de 1997, el entonces fiscal general abrió una investigación contra los dos ministros, caso que avanzó y terminó en una acusación el 21 de octubre de 1998 por el delito de interés ilícito en celebración de contratos. (El Tiempo, 2024).

En vista de lo anterior, el ex alto funcionario de gobierno, Saulo Arboleda, recurrió y acudió a varias instancias buscando, y creyendo aún, en la justicia nacional. Primero, presentó una Acción de Tutela en contra de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual arguyó que «hubo falta de garantías por violación al debido proceso»; por lo que su tesis fue que la cinta filtrada era ilícita, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia.

Cabe destacar que, el caso también fue evaluado por la Corte Constitucional, que negó las pretensiones del exministro, quedando así el fallo en firme y, por consiguiente, agotado en su totalidad el tramite interno que se debe surtir previamente, para acudir ante una corte internacional, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2002.

Se logró demostrar ante el tribunal internacional la presente violación de las garantías judiciales (art 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos) y al derecho que tiene toda persona de contar con un recurso sencillo y rápido (art. 25.1 CADH),

A juzgar por lo anterior, podemos deducir, con tristeza y preocupación, el daño que le pueden hacer al buen nombre y a la honra todo tipo de fallos en los que se utiliza a la justicia para instrumentalizarla en asuntos muy distantes a los que debe traer consigo una investigación previa, sin tener bases probatorias sólidas por parte de la Fiscalía, en su momento dirigida por Alfonso Gómez Méndez, que, pareciera, más bien, una policía política, similar a la de la Gestapo alemana de la Segunda Guerra Mundial, y no un verdadero y respetable ente investigador, que incluso, más que investigador, es inquisidor. Quiero pensar que estas actuaciones hacen parte de la inmadura e imberbe Fiscalía creada por la Constitución de 1991, «juzgado por un niño rebelde de 6 años».

Por ende, Este fallo es justo y revelador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, reprobó al Estado colombiano por no poseer medios más eficientes y eficaces para la defensa de derechos fundamentales como el debido proceso y al buen nombre.

La Rama Judicial del Estado colombiano ha sido mediocre y negligente en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, de toda índole.

La Declaración Internacional de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, como normas pertenecientes a un Bloque de Constitucionalidad, deberán prevalecer siempre sobre el derecho interno, lo anterior permitiendo que ante Tribunales Internacionales se revisen muchos casos como el de Saulo Arboleda, para que se respeten derechos fundamentales como el del buen nombre y honra.

¿Cuántas vidas seguirá destruyendo el Estado con sus acusaciones infundadas? ¿Cuántas familias faltarán por ser resarcidas? ¿Cuantas personas han sido lapidadas públicamente y asesinadas moralmente por una justicia politizada y amañada? ¿Cuantas indemnizaciones tendremos que seguir pagando los colombianos derivadas de fallos parcializados, arbitrarios y hostiles? El desprestigio de la Justicia colombiana es flagrante, su credibilidad es nula, vuelve infame al justo, cuando verdaderamente su justicia, ES INFAME

Esto es fundamental, porque nos da la oportunidad de revisar muchos casos y rehabilitar vidas que han sido destruidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Cuando se vulneran los derechos de una persona, no solo se afecta su honra, su patrimonio y su familia, sino también la capacidad de un pueblo para interpretar adecuadamente su futuro y cambiar su destino.

Al igual que Saulo Arboleda, hay otros exfuncionarios del estado que han vivido una situación similar, como la del ex contralor y ex candidato a la presidencia de Colombia, David Turbay Turbay que, de buenas a primeras se vio sitiado en denuncias basadas en supuestos y estimaciones sin respaldo probatorio. La Fiscalía no tenía jurisdicción para indagarlo y, además, encargó el caso a un ente que no tenía competencia, es decir, hubo una serie de errores técnicos – procesales y orgánicos que incidieron en el daño que se le hizo a una persona que construyó una carrera con esfuerzo y tesón en el departamento de Bolívar y resto del país.

La Fiscalía ha actuado más como un organismo conspirador que como una verdadera institución compuesta por servidores y funcionarios encargados de ser unos verdaderos agentes de investigación técnica y judicial. La Fiscalía General de la Nación se quedó siendo, desde su temprana instauración en 1991, un niño rebelde y perseguidor.

El país está viviendo conflictos graduales. Es importante que se reconozca que, la situación jurídica actual tiene un impacto profundo en la vida de los colombianos. Ésta es una gran oportunidad no solo para David Turbay Turbay, sino para muchos otros colombianos, con el fin de que se revisen sus fallos y se rehabiliten esas vidas que, en su momento, quedaron desprestigiadas.

Necesitamos transformar la manera en que el Estado y el sistema judicial se relacionan con la ciudadanía; así esto implique, por fin, una verdadera reforma a la justicia (y ojalá libre de micos y orangutanes). Si se hace una verdadera justicia, no solo se redimen vidas individuales y familiares, sino que se da un paso importante hacia la Paz y la construcción del tejido social.

David Turbay Turbay