La crisis humanitaria y la guerra desatada en el Catatumbo
Ricaurte Losada Valderrama
El Estado colombiano consagra en su legislación dos ordenamientos jurídicos: el ordinario que rige en épocas de normalidad y, el extraordinario, para periodos convulsionados que no puedan ser respondidos a través del primero.
Fue por ello que el Estado de Sitio, institución con la cual se gobernó al país durante largos años, fue remplazada por el estado de guerra exterior, la conmoción interior y la emergencia económica, social y ecológica.
Ante la grave perturbación del orden público, la crisis humanitaria y la guerra desatada en el Catatumbo, el presidente de la República había anunciado, por primera vez en nuestra historia, decretar los dos últimos estados de decepción y finalmente se expidió el decreto 0062 de 2025, a través del cual se establecido tardíamente la conmoción interior no necesaria y que debiera ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Basta tener presente, con base el artículo 213 de la Constitución que la consagra, que la grave perturbación del orden público del Catatumbo no atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional del país, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades.
Al presidente de la República corresponde dirigir la fuerza pública, disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas y conservar el orden público; restablecerlo donde sea turbado y dirigir las operaciones de guerra, deberes que para cumplirlos no necesita de facultades extraordinarias, pues, lastimosamente y no quisiera decir que de manera premeditada, ha hecho todo lo contrario: desmotivarlas y debilitarlas, cuando a él y a ellas, pero bajo su mando, corresponde el mantenimiento del orden constitucional, así como a la policía.
Por decirlo menos, pocas coyunturas de crisis humanitaria se han presentado tan graves como la que vive actualmente el país a raíz de la guerra desatada por el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en el Catatumbo y grave situación que no es extraña en otros departamentos como Arauca y el Cauca , al extremo de que se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Se trata de la más grave crisis humanitaria que se conozca en la historia contemporánea de Colombia y de un proceso en el cual el Estado ha estado ausente, pues los delincuentes recorrieron desde Arauca 475 kilómetros en un mes hasta llegar al Catatumbo. Se trata de una estrategia para controlar la extensa frontera con Venezuela y camino recorrido justamente por suelo venezolano con la complicidad evidente de la dictadura.
Pero es un problema de incompetencia y de falta de gobierno, que como en tantas otras áreas vitales, no ha tenido una estrategia clara para buscar la Paz, ni para enfrentar a las organizaciones armadas.
Así lo advertí al comienzo del Gobierno, cuando en el Primer Congreso por la paz que realizamos, expresé que la Paz Total, era un imposible transitorio por el cual se debía trabajar y, ahora agrego que se debe trabajar, pero usando sin improvisaciones el poder coactivo del Estado y haciendo que éste haga presencia real en todo el territorio, así como acabando, o por lo menos disminuyendo el poder del narcotráfico y no dándole largas, como lo ha hecho el Gobierno.