Petro ante la ONU
El presidente Gustavo Petro anunció su intención de llevar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia formal contra el Estado colombiano por el presunto incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC en 2016. «Como jefe de Estado, iré a la ONU a plantear la verdad: que el Estado de Colombia, no el presidente, incumplió el acuerdo de paz con las FARC e incumplió con la humanidad el compromiso que había hecho en 2016», afirmó durante la firma del Memorando de Entendimiento entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Petro argumentó que este incumplimiento refleja «miedo a la verdad» por parte de «criminales que mataron al pueblo de Colombia», y que la fragmentación de la verdad debe ser denunciada ante el Consejo de Seguridad. Recordó que el acuerdo representa «una declaración unilateral de Estado que nos compromete, más allá de la Constitución de Colombia, ante una constitución de la humanidad», un compromiso elevado ante «las potencias del mundo» en el Consejo de Seguridad.
El mandatario señaló que los incumplimientos abarcan la reforma agraria, la recuperación de territorios marginados y el fin de la violencia, y atribuyó los asesinatos de excombatientes a «nuevas organizaciones narcotraficantes» con conexiones internacionales. «Estas mafias se han apropiado de instituciones de la Policía, del Ejército; están metidas dentro del Congreso de la República, y nos infiltran incluso en este palacio, una y otra vez», aseguró.
Petro indicó que se tomará unos días para definir el momento de su intervención ante la ONU, con el objetivo de lograr que «lo firmado en el año 2016 se vuelva realidad». Reconoció avances informados por la canciller Laura Sarabia, pero enfatizó la existencia de «grandes agujeros oscuros» que impiden afirmar el cumplimiento total del acuerdo.
En el mismo evento, se formalizó el acuerdo JEP-ARN, que establece la subcuenta Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas-ARN del Fondo Colombia en Paz, con un presupuesto inicial de $50 mil millones. Esta subcuenta financiará proyectos restaurativos para reparar a las víctimas, dignificar a las comunidades afectadas y transformar los territorios. Los recursos se destinarán inicialmente a proyectos relacionados con el Caso 01 (secuestros) y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03 (falsos positivos). La ARN liderará la implementación operativa, mientras que la JEP garantizará el direccionamiento estratégico.
Las líneas de intervención incluyen proyectos de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos, acciones educativas, iniciativas ambientales y medidas contra minas antipersonal, con enfoque étnico y diferencial. El 30 de abril se formalizará el compromiso del Gobierno Nacional de financiar todas las sentencias de la JEP, buscando seguridad jurídica, reconciliación y reparación.