Más de mil alcaldes de Colombia se congregaron para debatir desafíos y soluciones para sus territorios.

Javier Sánchez 

Enviado Especial 

Cartagena fue el escenario del cierre del Congreso Nacional de Municipios, un evento marcado por tres momentos de intensa interacción entre el presidente Gustavo Petro y más de mil alcaldes y funcionarios locales. La jornada osciló entre críticas directas por la inseguridad, explicaciones presidenciales sobre la gestión y un palpable acercamiento final que llevó al mandatario a expresar su esperanza en que la atención recibida sea un presagio de respaldo político.

El encuentro se encendió inicialmente con la intervención de alcaldes de diversas regiones. La voz más crítica provino de Paola Andrea Castillo, alcaldesa de Jamundí, quien no escatimó en expresar su preocupación por la creciente inseguridad en su municipio, particularmente por la acción de disidencias de las FARC y bandas criminales. La alcaldesa demandó acciones concretas ante la compleja situación que vive su comunidad, marcando un tono de confrontación inicial hacia el primer mandatario.

En su turno, el presidente Petro respondió a las inquietudes planteadas, especialmente a la alcaldesa de Jamundí, reconociendo el aumento del sicariato a nivel nacional desde 2016, un fenómeno que atribuyó a la «codicia» generada por el desplazamiento de las economías ilícitas hacia puertos y fronteras, desligándolo de dinámicas políticas. En este contexto, propuso una revisión de la vigilancia en los puertos, señalando la infiltración de mafias en aduanas y la propia policía portuaria. Sin embargo, destacó como un logro de su gestión la disminución de la pobreza multidimensional en la mayoría de los municipios, exceptuando Bogotá, donde lamentó el aumento de la criminalidad y la exclusión femenina, citando datos de la ONU.

A medida que avanzaba su intervención, la atención de los alcaldes presentes se intensificó, especialmente cuando Petro abordó el sistema de justicia «punitivista» del país, sugiriendo una visión más restaurativa y mencionando el caso de EPA Colombia. La dinámica se tornó participativa, con numerosos alcaldes interrumpiendo al presidente para plantear inquietudes y preguntas específicas sobre sus municipios. El sargento Ceudiel Cáceres, de Casa Militar, fue el encargado de moderar estas intervenciones, dando la palabra a los alcaldes de Lérida, Mutiscua, Confines y Quibdó, quienes expresaron sus necesidades y buscaron respuestas directas del jefe de Estado.

Al cierre de la jornada, un ambiente de camaradería y aparente complacencia se extendió entre los asistentes. Fue en este contexto que el presidente Petro, visiblemente receptivo a la interacción y la atención brindada, exclamó con una mezcla de esperanza y cálculo político: «Ojalá la atención que me prestaron sea un indicador político». Esta frase final resumió la compleja jornada, marcada por la tensión inicial de las críticas, la exposición de la gestión gubernamental y un cierre que dejó entrever la búsqueda de un respaldo político renovado por parte del Ejecutivo en el ámbito local.