Cargamento de arroz chino de contrabando, que luego comerciantes inescrupulosos lo Re empacan en bolsas de conocidas marcas colombianas.
El Ministerio de Agricultura de Colombia intensifica su ofensiva contra el contrabando de arroz, anunciando la incautación de $235 millones en cargamentos ilícitos tras 13 operativos fronterizos. Estas acciones, realizadas en conjunto con la DIAN y autoridades de países vecinos, resultaron en 21 decomisos del cereal.
El anuncio se dio en una mesa técnica con representantes de Dignidades Agropecuarias y líderes arroceros de Meta, Casanare y Arauca, como parte del seguimiento al acuerdo que levantó el paro de marzo de 2025. El contrabando de arroz es una preocupación clave para los productores, ya que su bajo precio reduce drásticamente la rentabilidad del sector.
Siembra Controlada y Apoyo a Insumos
Para prevenir la sobreproducción y la caída de precios, se acordó que los productores de Meta, Casanare y Arauca deberán registrar su intención de siembra para el segundo semestre en el aplicativo regarrocero.ica.gov.co o en las seccionales del ICA. Este registro es crucial para la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y la activación de políticas de apoyo.
Adicionalmente, se aprobó un Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios para pequeños y medianos arroceros, con una asignación de $7.000 millones durante seis meses. Este programa beneficiará a productores en diversas zonas del país, incluyendo la Costa Norte, Bajo Cauca, Centro, Santanderes y Llanos.
Democratización del Crédito
El Ministerio también destacó iniciativas de financiamiento como el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA), el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR) y el programa de reactivación agropecuaria. Estas medidas buscan democratizar el acceso al crédito y ofrecer herramientas para la gestión integral de riesgos.
Para aliviar deudas en situaciones de crisis, se recurrirá al Fondo de Solidaridad Agropecuario (Fonsa), diseñado para proporcionar alivio financiero a pequeños y medianos productores agrícolas, forestales, acuícolas y pesqueros afectados por factores climáticos o emergencias fitosanitarias.