Luz Adriana Camargo,Fiscal General de Colombia
Bogotá, Colombia
La Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, compareció ante los medios ayer martes, 3 de junio de 2025, para responder a la sorpresiva solicitud de captura emitida en su contra y la del embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, por parte de la Fiscalía de Guatemala en el marco del caso Odebrecht. En una intervención contundente, Camargo se declaró inocente, calificando la acción como un «contraataque sin precedentes» de la criminalidad organizada contra los funcionarios de la Fiscalía y su propia investidura, surgido de la incansable lucha anticorrupción.
Camargo no titubeó al señalar la ilegalidad de la orden de captura, argumentando que las actuaciones que se le imputan —como el intercambio de correos y la asistencia a reuniones para definir términos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht— fueron cruciales para desentrañar la red de sobornos. La Fiscal General enfatizó que la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala infringe directamente los acuerdos establecidos entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para la creación de la CICIG, los cuales garantizaban inmunidad penal, civil y administrativa a quienes, como ella y Velásquez, trabajaron en dicha comisión. Subrayó que esta orden «desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad».
La fiscal colombiana atribuyó un «sesgo político» a los hechos que se le imputan y expresó su preocupación por la escasez de garantías para el ejercicio del derecho de defensa en Guatemala, citando el procesamiento de varios abogados en ese país por ejercer su profesión. Su postura se alinea con la del propio Gobierno de Guatemala, que ya había rechazado enfáticamente las órdenes de captura en un comunicado previo, calificándolas de «carentes de sustento legal», «vulneratorias del Acuerdo de la CICIG» y un «acto ilegítimo y espurio del Ministerio Público» con un «evidente objetivo político».
El respaldo institucional en Colombia no se hizo esperar. Órganos de control como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Registraduría y Auditoría emitieron un comunicado conjunto en apoyo a la Fiscal Camargo, calificando la acción guatemalteca como una «retaliación». El presidente Gustavo Petro se sumó al coro de voces, afirmando públicamente que «las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos», y que la Fiscalía de Guatemala «obedece al crimen». Incluso, Petro invitó a equipos de abogados independientes a redactar una causa penal contra las «multinacionales de la mafia» para que sean juzgadas por un tribunal internacional.
La Fiscal General Camargo informó haber acudido a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para explicar la situación y manifestó su tranquilidad, reiterando que la orden de captura internacional no debería emitirse, dado el rechazo del propio Gobierno de Guatemala a la petición de su Ministerio Público. Concluyó reafirmando que «inmunidad no significa impunidad», pero que las acciones en su contra son un intento de desprestigiar investigaciones legítimas contra redes criminales, consolidando su postura como una defensora de la transparencia frente a los embates de la corrupción transnacional.