El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ahora es custodiado con un visible despliegue de seguridad que incluye escudos protectores y chalecos antibalas, una medida que subraya la seriedad de las amenazas que, según el mandatario, ha recibido directamente de las «multinacionales del narcotráfico».
Javier Sánchez
Bogotá, Colombia.
El presidente Gustavo Petro ha escalado el pulso con el Congreso al anunciar su decisión de decretar la convocatoria de una Consulta Popular esta misma semana, una medida que, según sus palabras, lo expone a «acelerar todas las amenazas» en su contra. El mandatario justificó esta vía inusual al argumentar que «jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República» para el mecanismo de participación ciudadana propuesto, y acusó que en la Cámara alta «hicieron trampa».
En un mensaje cargado de tintes ideológicos, Petro instó a la Corte Constitucional, que tendrá en sus manos la revisión del decreto, a «reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana». Criticó una visión economicista de la libertad, aludiendo a la postura de Javier Milei: «el derecho no es para el que tiene dinero solamente, sino para todo y toda ciudadana». Enfatizó su llamado a la Corte para que restablezca no solo el principio del Estado Social, sino también el de la soberanía popular que, según él, «reza la constitución». «El único dueño del poder en Colombia es el pueblo y nadie puede acribillar al pueblo. Y si dudan que la mayoría está con la Consulta Popular, déjenlo votar y veremos quién tiene la mayoría», sentenció el mandatario, invitando a una confrontación directa en las urnas.
Durante su alocución, Petro también adelantó que, si la Consulta Popular se lleva a cabo, él deberá «silenciarse» durante la eventual campaña, dejando que solo los comités por el «Sí» y el «No» hagan las respectivas campañas. Reconoció la disparidad de fuerzas: «El comité del no tiene mucho apoyo poderoso económico. El comité del sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo».
Paralelamente a esta arriesgada jugada política, el presidente Petro ha intensificado sus graves denuncias sobre planes para atentar contra su vida, atribuyéndolos directamente a «multinacionales del narcotráfico». Esta afirmación recurrente en su discurso vincula a las estructuras criminales con sectores políticos de la ultraderecha, quienes, según el mandatario, han dado la «orden» de asesinarlo. «Mi única protección es del pueblo», ha reiterado. Aunque las denuncias han generado alarma, los detalles concretos o las pruebas judiciales que las respalden públicamente han sido escasos. Sin embargo, Petro mencionó un incidente reciente: el hallazgo de un lanzacohetes cerca de una de las rutas que utiliza para salir de la Casa de Nariño, un hecho que calificó de grave y que, según él, la Policía habría intentado «ocultar».
Estas acusaciones se enmarcan en un contexto de alta tensión política y de seguridad en Colombia. Las denuncias de Petro, que en ocasiones han apuntado a presuntas reuniones donde se coordinan complots entre grupos armados (como el ELN en su fase de degradación y el Clan del Golfo) y sectores políticos, buscan subrayar la magnitud de las resistencias que enfrenta su gobierno al intentar desmantelar las estructuras de poder y las economías ilícitas. La gravedad de las afirmaciones presidenciales ha llevado a que los organismos de seguridad y la Fiscalía, aunque con discreción, se encarguen de la verificación y seguimiento de estas alertas, mientras el país observa expectante los próximos movimientos del Ejecutivo y la respuesta de las altas cortes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado en varias ocasiones, desde el inicio de su mandato, supuestos planes para atentar contra su vida, atribuyendo estas amenazas a sectores de la ultraderecha y a «multinacionales del narcotráfico».