En algunas ciudades colombianas  varios  ciudadanos anunciaron su apoyo a la Consulta Popular

Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desatado una ola de controversia jurídica y política al firmar un decreto que convoca a una consulta popular sobre aspectos cruciales de su reforma laboral. La medida, que busca resarcir derechos laborales y erradicar la inestabilidad y la precarización, llega en un momento de tensión, especialmente porque el Senado no emitió un concepto favorable o no se pronunció a tiempo sobre la conveniencia de esta consulta.

El Gobierno defiende la legalidad de su acción, argumentando que el decreto se justifica por el «silencio» o la «no perfeccionada votación» del Senado ante la solicitud de la consulta, radicada el pasado 1 de mayo. Según el artículo 33C de la Ley 1757 de 2015, si el Congreso no se pronuncia en el plazo de un mes, el presidente está facultado para expedir la convocatoria en los ocho días hábiles siguientes, plazo que se cumpliría el 12 de junio de 2025. Esta vía, según el Ejecutivo, se presenta como una alternativa legítima para impulsar su agenda social ante la inamovilidad del Congreso.

Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas en diversos sectores. Políticos, juristas y empresarios han iniciado una revisión crítica de los alcances y consecuencias institucionales del decreto, catalogándolo incluso de «ilegal» y de «actitud de amenaza» contra la separación de poderes. La polémica ha escalado al punto de generar discusiones sobre un posible «autogolpe de Estado», una calificación cuya validez dependerá del fallo de la Corte Constitucional. Reportes recientes incluso sugieren que el presidente Petro habría exigido a su gabinete el apoyo incondicional al decreto, con la advertencia: «Ministro que no firme, se va». Paralelamente, ya se han radicado tutelas contra la Presidencia por la firma de esta controvertida medida.

El decreto contempla que la consulta popular se realizaría tentativamente el próximo jueves 7 de agosto. No obstante, el destino de este proceso está ahora en manos de la Corte Constitucional, a donde ya fue enviado el decreto para su aval. La Registraduría Nacional del Estado Civil requerirá no solo el visto bueno de la Corte, sino también del Consejo de Estado, para poder organizar la logística de la votación. El Gobierno, por su parte, ha dejado abierta la posibilidad de derogar el decreto si el Congreso finalmente aprueba los puntos esenciales de la reforma laboral. La situación, en resumen, representa un movimiento estratégico del gobierno de Petro para destrabar su agenda social, pero ha desatado un pulso de gran envergadura sobre la legalidad y las implicaciones democráticas en el país.