Hernán Penagos Giraldo, Registrador del Estado Civil
Oposición Amenaza con Acciones Legales
Javier Sánchez
Bogotá- Colombia
La controversia en torno a la reforma laboral del presidente Gustavo Petro se intensifica. El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, ha anunciado que en el curso de esta semana se pronunciará «de fondo» sobre el polémico decreto presidencial que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto, buscando la aprobación de su iniciativa laboral.
«En los próximos días, la Registraduría —entidad encargada de organizar las elecciones y votaciones en el país— se pronunciará de fondo respecto de esa solicitud», manifestó Penagos, consciente de la alta tensión jurídica y política que rodea la medida.
Un Decreto en la Mira de la Oposición y la Justicia
El presidente Petro firmó el pasado miércoles el decreto que llama a la consulta popular, una movida que ha sido fuertemente criticada por la oposición. Para diversos sectores políticos y jurídicos, la convocatoria es inconstitucional, argumentando que el Senado de la República, que es la corporación competente para hacerlo, ya había rechazado la posibilidad de tramitar dicha consulta.
Penagos explicó que la entidad está llevando a cabo un exhaustivo estudio jurídico del decreto, así como de la decisión adoptada por el Senado de la República, la cual también fue comunicada oficialmente a la Registraduría Nacional.
Aluvión de Demandas
La situación jurídica se complica con el número creciente de recursos legales presentados. El registrador informó que la entidad ha recibido siete solicitudes de declaratoria de «excepción de inconstitucionalidad» contra el decreto firmado por Petro y su gabinete. Esta figura jurídica permite a un funcionario abstenerse de aplicar una norma de rango legal o inferior si considera que contradice la Constitución.
Además, la Registraduría tiene registro de 30 demandas ante el Consejo de Estado —el máximo tribunal de lo contencioso administrativo— que solicitan la nulidad del decreto presidencial. A estas se suman otras querellas presentadas ante la Corte Constitucional, que buscan impedir la aprobación del decreto y que la prensa opositora denomina el «decretazo».
Según la opinión de reconocidos juristas, la Registraduría tiene la responsabilidad de certificar que el decreto presidencial cumple con los lineamientos constitucionales. En caso contrario, la entidad no podría avanzar en la organización de las votaciones para la consulta, lo que representaría un revés significativo para la estrategia del Gobierno.
La decisión de la Registraduría, que se espera será un punto de inflexión en la confrontación entre el Gobierno y la oposición, con profundas implicaciones para el futuro de la reforma laboral y el equilibrio de poderes en Colombia.