Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña
Primicia Diario
SANTIAGO DE CALI, Colombia
El corazón productivo de Colombia late al compás de la angustia. En su quincuagésima asamblea anual, Procaña lanzó una severa advertencia sobre la profunda crisis de seguridad jurídica y física que asfixia al campo nacional, poniendo en precario no solo la viabilidad del crucial sector agropecuario, sino la mismísima seguridad alimentaria de la nación.
El panel ‘Seguridad física y jurídica’, moderado por el abogado, periodista y político Juan Lozano, expuso sin ambages la crítica situación que enfrentan los cultivadores, en particular los de caña. La inestabilidad normativa, sumada a un alarmante deterioro de la seguridad en las zonas rurales, ha generado un panorama desolador.
Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña, fue contundente en su diagnóstico: «Nuestro país atraviesa días de angustia e incertidumbre». Al recordar la reciente escalada terrorista en el Valle del Cauca y el Cauca, y el ataque al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en Bogotá, Betancourt enfatizó que estos hechos «han reabierto heridas profundas y generado una sensación de inseguridad que pone en riesgo al campesinado».
La directora de Procaña no dudó en calificar la política de «Paz Total» como un fracaso para el campo. Subrayó cómo los grupos ilegales, envalentonados por una percibida ausencia estatal, someten a los productores a un yugo de extorsiones, secuestros y severas limitaciones a la movilidad. La cifra es alarmante: más de 700 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, sin que, hasta la fecha, se registren capturas o judicializaciones efectivas.
Avalancha Normativa
Más allá de la violencia, el sector enfrenta una «avalancha de normas y decretos» que paralizan la planificación empresarial. «La política agraria se ha centrado exclusivamente en la propiedad de la tierra, descuidando lo verdaderamente fundamental: el desarrollo rural integral», sentenció Betancourt, urgiendo políticas que garanticen asistencia técnica, financiación oportuna y comercialización sólida.
La crítica resonó con fuerza en las palabras de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Su advertencia fue clara y directa: «Sin seguridad jurídica y sin seguridad física no hay seguridad alimentaria». Bedoya propuso la creación de una robusta bancada agropecuaria en el Congreso y la inclusión de propuestas concretas en las próximas campañas presidenciales. No titubeó al lanzar un dardo al gobierno actual: «Este gobierno es enemigo total del sector empresarial. Hemos perdido como sector agropecuario porque hay un Gobierno que no le interesa progresar, en el caso del campo».
Desilusión Política
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se unió a la voz de la crítica, expresando su «franca desilusión» por el incumplimiento de las promesas del presidente Gustavo Petro: «Yo voté en segunda vuelta por él y me siento francamente muy desilusionada de todas las promesas que se han quedado en el camino». No obstante, resaltó el compromiso social del empresariado vallecaucano y la necesidad de tender puentes de diálogo con la juventud.
El representante a la Cámara Christian Garcés Aljure y el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, coincidieron en el diagnóstico: Colombia vive una constante inestabilidad jurídica. «Las normas cambian cada mañana, y eso genera pánico entre los productores», señalaron, alertando sobre la «maraña legal impredecible» en materia de tierras que asfixia al sector agrícola.
El panel de Procaña concluyó con un mensaje lapidario: sin reglas estables, sin una presencia estatal efectiva y sin una política rural que trascienda la simple redistribución de tierras, el campo colombiano está condenado a operar entre el miedo y la incertidumbre. La exigencia al Gobierno Nacional es inequívoca: garantías reales, seguridad física en los territorios y un entorno jurídico coherente que respalde, y no castigue, a quienes aún apuestan por el agro como motor de desarrollo para Colombia.