Ante la magnitud del desafío judicial que lo aqueja, Álvaro Leyva Durán parece buscar en diversas esferas, incluida la espiritual, una senda para superar el entramado legal en el que se encuentra inmerso.

Javier Sánchez

Bogotá D.C: 

El horizonte judicial de Álvaro Leyva Durán se vislumbra cada vez más complejo en Colombia. El exministro de Relaciones Exteriores enfrenta un intrincado entramado de posibles procesos, desde señalamientos de conspiración para desestabilizar el gobierno hasta investigaciones por presuntas irregularidades contractuales, lo que configura un escenario multifacético bajo las estrictas normas de justicia del país.

 Un Caso de Alta Tensión

La principal línea de investigación que se cierne sobre Leyva emana directamente de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. El mandatario ha aludido públicamente a una «conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha» que buscaría su derrocamiento. Estas acusaciones se nutren de audios revelados por el diario español El País, los cuales sugerirían un «plan para sacar al presidente Petro del poder». La Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado una investigación formal al respecto.

En este contexto, los posibles delitos que podrían imputarse a Leyva son de suma gravedad:

• Concierto para delinquir: Si la investigación demuestra la existencia de un acuerdo orquestado para cometer ilícitos.
• Sedición, rebelión o asonada: En caso de que las acciones se encaminaran a subvertir el orden constitucional o derrocar al gobierno por vías ilegítimas. Algunos sectores políticos ya han elevado la retórica, hablando incluso de «traición a la patria».
• Instigación a delinquir: Si se comprueba que Leyva incitó a terceros a ejecutar los actos denunciados.

La Fiscalía asumirá la fase preliminar de investigación, recopilando pruebas cruciales como los audios en cuestión, testimonios y cualquier indicio relevante. De hallarse méritos suficientes, se formalizaría una imputación de cargos y el proceso avanzaría a la etapa de juicio ante los jueces de la República. La veracidad y el contexto de los audios, así como la confirmación de la participación de las personas mencionadas (incluida la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha negado categóricamente cualquier complicidad), serán elementos probatorios clave.

El Caso Pasaportes

Paralelamente, Álvaro Leyva arrastra un expediente por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes. La Procuraduría General de la Nación ya había impuesto una drástica sanción: destitución del cargo e inhabilidad general por 10 años, tras comprobar que «violó los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública».

Recientemente, la Procuraduría ha escalado el caso, abriendo una nueva investigación disciplinaria por presunto desacato a la sanción impuesta. Adicionalmente, ha ordenado la compulsa de copias penales a la Fiscalía, solicitándole que evalúe si el comportamiento del exministro en este asunto configura alguna conducta punible.

En virtud de esta compulsa, la Fiscalía podría iniciar una investigación penal por delitos relacionados con la contratación estatal, tales como peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales o interés indebido en la celebración de contratos.

Horizonte Judicial

El panorama legal de Álvaro Leyva estará regido por garantías fundamentales:

• Debido Proceso: En todos los procedimientos, Leyva tendrá el inalienable derecho a la defensa, a la presentación de pruebas, al contrainterrogatorio de testigos y a la apelación de las decisiones.
• Fueros y Competencias: Si bien su destitución como canciller lo ubica como exfuncionario, la trayectoria de Leyva en altos cargos podría generar consideraciones sobre fueros especiales. La competencia para juzgar recaería en los tribunales ordinarios o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la especificidad de los cargos y si aún conserva algún fuero especial por roles pasados.
• Presunción de Inocencia: Es imperativo recordar que, hasta que no exista una sentencia judicial en firme, Álvaro Leyva goza plenamente de la presunción de inocencia, un pilar fundamental del sistema judicial colombiano.

En síntesis, Álvaro Leyva se halla inmerso en un intrincado entramado legal, con posibles investigaciones y procesos que abarcan desde las serias acusaciones de desestabilización democrática hasta las ya conocidas irregularidades en contratos estatales. La Fiscalía y los demás órganos de control serán los encargados de desentrañar este complejo panorama y determinar su futuro judicial, siempre en estricta observancia de las pruebas y la ley colombiana.