Francesca Paola Albanese, Relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos ocupados.
Rafael Camargo Vásquez
Bogotá, Colombia
En una medida que eleva la tensión diplomática y genera un nuevo foco de controversia global, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, impuso este martes sanciones directas contra Francesca Paola Albanese, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos ocupados. Esta decisión se anuncia a solo días de la esperada visita de Albanese a Bogotá, donde ha sido invitada a participar en un crucial evento internacional sobre Gaza, promovido por el presidente Gustavo Petro.
La acción estadounidense, comunicada por el Secretario de Estado Marco Rubio, acusa a Albanese de orquestar una «campaña de guerra política y económica» contra Estados Unidos e Israel. Desde Washington, voces como la de la Embajadora Linda Thomas-Greenfield ante la ONU han calificado a la relatora como «no apta para el cargo», imputándole «antisemitismo descarado», «apoyo al terrorismo» y un «abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente», sesgos que, según ellos, han marcado su trayectoria.
Las sanciones se fundamentan en la Orden Ejecutiva 14203 del Presidente Trump, diseñada para penalizar a la Corte Penal Internacional (CPI). Rubio hizo hincapié en los esfuerzos de Albanese por involucrar a la CPI en investigaciones que podrían derivar en órdenes de arresto contra funcionarios y empresas estadounidenses e israelíes, incluyendo su reciente recomendación de procesar al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Un punto de inflexión clave para la imposición de estas sanciones fue el informe de Albanese, publicado el pasado 1 de julio, donde denunció una «economía del genocidio» en Gaza. En este documento, la relatora señaló a influyentes firmas de inversión como Blackrock y Vanguard, así como a otras compañías de diversos sectores, por presuntamente lucrarse de la ocupación israelí y de graves violaciones del derecho internacional, sugiriendo que podrían enfrentar consecuencias legales por «ayudar e incitar» a presuntos crímenes. Adicionalmente, Albanese ha sido objeto de críticas por cuestionar ciertas narrativas en torno a los eventos del 7 de octubre de 2023, al afirmar que las víctimas no fueron asesinadas por su condición de judíos, sino «en respuesta a la opresión de Israel».
Reacciones y Contexto de la Decisión
La imposición de estas sanciones ha desatado una ola de reacciones. Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la medida, calificando de «afrenta vergonzosa a la justicia internacional» y un «asalto continuado al derecho internacional» por parte de la administración Trump, instando a la comunidad internacional a respaldar la independencia de los relatores especiales de la ONU.
Por su parte, Israel ha aplaudido la decisión estadounidense. Funcionarios como el Embajador Danny Danon y el Ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa’ar han respaldado la medida, reiterando acusaciones de «comportamiento antisemita» y una «campaña implacable y sesgada» por parte de Albanese que, a su juicio, socava la credibilidad de la ONU. Las implicaciones prácticas de estas sanciones para los futuros desplazamientos diplomáticos de Albanese, especialmente hacia Estados Unidos, aún son inciertas. Esta acción de EE. UU. se produce tras una campaña previa sin éxito para lograr su destitución por parte de la ONU.
Un Epicentro de Tensión
El anuncio de las sanciones adquiere una relevancia particular al coincidir con la inminente visita de Francesca Albanese a Bogotá. La relatora está programada para ser una de las figuras centrales en una conferencia internacional sobre Gaza, un evento que se celebrará los días 15 y 16 de julio de 2025 y que, según ha anunciado el presidente Gustavo Petro en The Guardian, busca «medidas concretas para frenar el genocidio en Palestina».
Esta invitación se inserta en un contexto de creciente tensión entre Washington y Bogotá, especialmente dada la postura crítica del gobierno colombiano hacia Israel y su firme apoyo a iniciativas relacionadas con Palestina. La presencia de Albanese en este evento es interpretada por algunas fuentes como un espaldarazo a la «cruzada» diplomática del presidente Petro en torno al conflicto en Medio Oriente. Medios colombianos han señalado que la visita de Albanese se percibe como un gesto de apoyo al gobierno nacional en su posición internacional.