Liliana Esther Bitar Castilla, senadora del Partido Conservador 

Javier Sánchez

Política 

Un nuevo capítulo se abre en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la senadora Liliana Esther Bitar Castilla  (Partido Conservador) está en el centro de la tormenta. Lo que comenzó como una investigación sobre un desvío de fondos para la compra de carrotanques en La Guajira, ha escalado hasta involucrar a varios congresistas, y la situación de Bitar se complica con cada nueva revelación.

Según las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, Bitar y otros legisladores son señalados de haber aceptado sobornos a cambio de dar el visto bueno a operaciones de crédito del Ministerio de Hacienda, y estos «favores» se habrían pagado con contratos de la UNGRD.

La declaración que pone en jaque a la senadora

La situación de Bitar dio un giro dramático con el testimonio de María Alejandra Benavides, su exasesora en el Ministerio de Hacienda. Benavides, quien declaró como testigo ante la Corte, aseguró que la senadora le pidió insistentemente que eliminara los chats que mantenían, una vez que estalló el escándalo de los carrotanques.

De acuerdo con lo revelado por fuentes en la Sala de Instrucción a W Radio, la exasesora relató que, en un encuentro en un apartamento en el norte de Bogotá, Bitar le suplicó que borrara las conversaciones. Aunque al principio se negó, Benavides finalmente accedió a la petición de la senadora.
Este acto de borrado de chats es particularmente delicado, ya que podría interpretarse como una «destrucción de material probatorio», lo que constituye un delito contemplado en el Código Penal.

Evidencias y otros implicados

Además del presunto intento de eliminar pruebas, la investigación de la Corte ya había revelado otros detalles comprometedores, como el regalo de una costosa cartera de la marca Coach que Bitar le habría hecho a Benavides.
Este escándalo no solo afecta a Bitar. La lista de implicados incluye a otros congresistas y exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la UNGRD. Incluso expresidentes del Senado como Iván Name y Andrés David Calle ya han sido enviados a prisión mientras se avanza en la investigación.
Mientras tanto, Bitar, a diferencia de otros implicados que han guardado silencio, se ha presentado a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia y ha solicitado ampliar su declaración. La Procuraduría, por su parte, se ha opuesto a la idea de encarcelar a los congresistas, pero reconoce que existen «inferencias razonables de los hechos punibles», lo que mantiene la presión sobre todos los involucrados.