Andrés Felipe Marín Silva, alias «Pipe Tuluá»
Judicial
Primicia Diario
El líder de la banda criminal «La Inmaculada», Andrés Felipe Marín Silva, alias «Pipe Tuluá», enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ha iniciado los trámites para definir su entrega a la justicia estadounidense, una medida que, según las autoridades, podría desmantelar el control que ejerce sobre el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, incluso desde la prisión. La noticia de su posible extradición ha desencadenado una nueva ola de violencia en la región, ordenada presuntamente por el propio capo desde su celda.
Terror y brutalidad
Andrés Felipe Marín Silva, conocido por su alias, es el cerebro detrás de «La Inmaculada», una organización criminal que ha sembrado el terror en Tuluá. A pesar de estar tras las rejas, ha mantenido un control férreo sobre su banda, responsable de extorsiones, homicidios selectivos y el tráfico de drogas. Entre 2011 y 2017, se le atribuye la orden de al menos 46 homicidios, 39 de ellos ejecutados con una brutalidad extrema, incluyendo desmembramientos. Sus víctimas no eran solo comerciantes, sino también miembros de su propia organización, castigados por traición.
Cargos en EE. UU.
La justicia de los Estados Unidos lo requiere por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dirán), en colaboración con la DEA, se encargó de notificarle la orden de extradición en la cárcel La Picota de Bogotá. Según la investigación, «Pipe Tuluá» tenía nexos con redes de «narcos invisibles» y mantenía alianzas con disidencias de las FARC y el «Clan del Golfo» para enviar cargamentos de cocaína a través del Pacífico colombiano.
Traslado de alto riesgo
La inminente extradición de «Pipe Tuluá» ha provocado una escalada de violencia en Tuluá, con ataques y amenazas a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Ante el riesgo de fuga, la Policía Nacional solicitó su traslado a una estación de policía en Bogotá, bajo extremas medidas de seguridad, incluyendo el uso de drones. Este movimiento busca cortar de raíz el poder que el capo ejerce desde la prisión, desde donde, según las autoridades, operaba con lujos, como ropa de diseñador y relojes de alta gama, e incluso intentó sobornar a guardias.
La Corte Suprema ya ha recibido la solicitud de extradición y se espera que el proceso se defina en un plazo de cuatro a cinco meses. Las autoridades ven la extradición como la única vía para desmantelar su influencia criminal, ya que en una prisión estadounidense, sin los contactos ni las redes de corrupción que ha tejido en Colombia, se podría «cortar el cordón umbilical» entre el jefe y su sanguinaria banda.