Los poderes Ejecutivo y Legislativo serán renovados en el 2026
Ricaurte Losada Valderrama
En razón a estar cerca las elecciones de Congreso y de presidente(a) y vicepresidente(a), en la columna anterior me referí a algunos de los aspectos básicos de los derechos políticos, como medio de intentar dar a los lectores unos aportes que les permita entender más la importancia de los derechos políticos, de la política y de la participación democrática, tema que ahora busco desarrollar un poco más y hacer referencia a la importancia crucial de las elecciones de 2026.
Empiezo ahora por recordar que los derechos políticos deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad; las causales de su restricción son limitadas y taxativas y las oportunidades que generan se refieren a que se tengan las ocasiones reales para ejercerlos.
Asimismo, el ejercicio de los derechos políticos propicia el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político y la participación política es uno de los derechos por medio de los cuales es posible ejercer la labor de defensa de los restantes derechos.
Y no sobra recordar que los derechos políticos son irrenunciables, como todos los derechos fundamentales y que no solo tienen esta característica democrática, sino que es deber de todo ciudadano, participar en la vida política -artículo 95, numeral 5 de la Constitución-, lo que está ampliado no solo en nuestra Carta Política sino en distintos Instrumentos Internacionales.
Entre ellos se encuentra la Carta Democrática, que es la compilación de la concepción de la democracia en América, donde, por ejemplo, se establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y que los pueblos de América tienen derecho a ella y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
Así también la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que una sociedad en la cual no estén garantizados los derechos, simplemente no tiene Constitución.
No se podría dejar de mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la Carta Internacional de ellos, donde se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país y derecho de acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas, porque la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público -artículo 21-.
Se destaca también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde se resalta, por razones obvias, la igualdad en el goce de todos estos derechos, prohibiendo la discriminación.
Bastan estas menciones, así como las que hice la semana pasada, para tener unos elementos claros que nos permitan de manera individual y colectiva conseguir la más alta participación, con los mejores y más reconocidos candidatos, si se trata del Congreso, con capacidad suficiente para el estudio y aprobación de los proyectos de reforma constitucional y de leyes, así como de control político que son las funciones básicas que constitucionalmente debe cumplir nuestro Congreso.
Y tratándose de la elección presidencial, reflexiones de este género nos ayudarán a seleccionar un candidato(a) con suficiente bagaje intelectual, conocedor del Estado y de muchos aspectos de él y de la sociedad, pero básicamente de los políticos, los económicos y los internacionales, que nos pueda brindar la esperanza de enderezar los destinos nacionales.