La Corte enfatizó que los concursos para cargos de jueces y magistrados de esta nueva jurisdicción deben evaluar el conocimiento sobre los derechos de las comunidades campesinas, asegurando que las decisiones se tomen con un enfoque diferencial, territorial y de género.
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En una decisión histórica, la Corte Constitucional avaló la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, un hito en el acceso a la justicia para las comunidades campesinas y rurales de Colombia. El alto tribunal declaró constitucionales la mayoría de los artículos del Proyecto de Ley Estatutaria, validando una herramienta clave para resolver conflictos sobre la tierra y promover la paz.
La Corte enfatizó que los concursos para cargos de jueces y magistrados de esta nueva jurisdicción deben evaluar el conocimiento sobre los derechos de las comunidades campesinas, asegurando que las decisiones se tomen con un enfoque diferencial, territorial y de género. Además, se reafirmó el deber de la Rama Judicial de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto armado en estos procesos de selección.
Reforma Rural Integral
La creación de esta jurisdicción es un avance fundamental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, particularmente en lo que respecta a la Reforma Rural Integral. Con la puesta en marcha de esta ley, se instalarán jueces y tribunales especializados con equipos técnicos e interdisciplinarios, diseñados para ofrecer una justicia adaptada a las realidades del campo.
Aunque la Corte declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 del proyecto por no guardar relación con la materia, su exclusión no afecta la esencia ni los alcances de la nueva jurisdicción. Ahora, el siguiente paso corresponde al Congreso de la República, que debe avanzar en la aprobación de la ley ordinaria que definirá las competencias, principios y procedimientos de este nuevo sistema de justicia.
Los ministerios de Justicia y Agricultura celebraron la decisión, destacando que la Jurisdicción Agraria y Rural es una herramienta esencial para prevenir disputas y contribuir a la estabilidad en el sector agrario.
El Congreso de la República, que debe avanzar en la aprobación de la ley ordinaria que definirá las competencias, principios y procedimientos de este nuevo sistema de justicia.