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La presencia militar de Estados Unidos en Colombia ha sido, y sigue siendo, una fuente de intensa polémica que divide a la opinión pública, los gobiernos y los analistas geopolíticos. Mientras que los gobiernos de ambos países insisten en que se trata de «acuerdos de cooperación y asistencia técnica», los críticos denuncian una forma de «bases militares informales» que compromete la soberanía nacional.

El punto de partida oficial es claro: no existen bases militares estadounidenses en territorio colombiano, pues la soberanía y el mando de todas las instalaciones militares son potestad exclusiva de las Fuerzas Militares de Colombia. La presencia de personal militar, asesores y contratistas de EE. UU. es rotativa y esporádica, y se enmarca en acuerdos bilaterales de larga data, cuyo propósito principal es la lucha conjunta contra el narcotráfico, el terrorismo y los grupos armados ilegales.

El Punto de Quiebre

La mayor controversia en la historia reciente de esta relación se desató con la firma del «Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad» (ACAT) en octubre de 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Este pacto levantó ampollas al otorgar a Estados Unidos un acceso extendido y la posibilidad de realizar construcciones de uso exclusivo para su personal en siete instalaciones militares colombianas estratégicas, como la Base Aérea de Palanquero (Cundinamarca), considerada clave por su ubicación continental.

Sectores de la oposición y países vecinos, como Venezuela, calificaron inmediatamente el acuerdo como la legalización de «cuasibases» o una «restricción práctica a la soberanía». La disputa escaló al plano legal: en 2010, la Corte Constitucional de Colombia declaró el ACAT inconstitucional. El alto tribunal dictaminó que, por ser un «nuevo convenio» que comprometía la soberanía, debió ser tramitado como un tratado internacional con la debida aprobación del Congreso, requisito que se había omitido. El acuerdo, por lo tanto, quedó sin vigencia.

Asistencia de Larga Data

La cooperación militar no nació en 2009; de hecho, tiene sus raíces en la Guerra Fría. Los acuerdos fundacionales datan de 1952 y 1974, bajo presidentes como Roberto Urdaneta y Alfonso López Michelsen, sentando las bases de la asistencia técnica y las misiones militares.

El gran salto se dio con el Plan Colombia (formalmente aprobado en el año 2000 bajo el gobierno de Andrés Pastrana), una iniciativa bipartidista que inyectó miles de millones de dólares en ayuda militar para la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de las fuerzas armadas.

Tras la caída del ACAT de 2009, la cooperación se ha mantenido y adaptado, apoyándose en los acuerdos marco vigentes y nuevos Planes de Acción Bilateral firmados por los gobiernos posteriores de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

Actualmente, esta presencia se manifiesta a través de:

Asesoría y Entrenamiento: Despliegue de personal dentro de los límites de cupo establecidos por los acuerdos anteriores (hasta 800 militares y 600 contratistas).

Equipamiento: Donaciones de aeronaves, vehículos e infraestructura.

Operaciones Conjuntas: Apoyo logístico y de inteligencia en zonas críticas para el narcotráfico.

En última instancia, el debate sobre si son «bases» o «acuerdos» sigue siendo el termómetro de la relación bilateral más importante de Colombia, reflejando la tensión constante entre la asistencia internacional y la soberanía nacional.

En desarrollo de estos ejercicios de guerra se pusieron a prueba diferentes capacidades en las que participaron unidades submarinas, de superficie y áreas de los dos países, entre ellas, el submarino nuclear USS Minnesota y el submarino oceánico ARC ‘Pijao’, el buque USS Billings, las Fragatas ARC ‘Independiente’ y ARC ‘Almirante Padilla’, aeronaves colombianas y norteamericanas.