Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud 

Ricardo Roa,presidente de Ecopetrol

Rafael Camargo Vásquez 

Primicia Diario

La situación judicial del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se bifurca tras decisiones cruciales de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, ambas en torno a las cuentas y la financiación de la campaña del Pacto Histórico en 2022.

Fiscalía Archiva Caso 

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo obtuvo una victoria provisional luego de que la Fiscalía General de la Nación archivará la investigación en su contra, que se centraba en un posible delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas.

El caso surgió por denuncias sobre el uso de aeronaves de la Sociedad Aerea de Ibagué (SADI S.A.S.), cuyo propietario, Carlos Eduardo Restrepo Osorio (vinculado a casos de narcotráfico), supuestamente facilitó vuelos a candidatos de la lista al Congreso del Pacto Histórico.

Tras el análisis de la fiscal delegada, la entidad concluyó que no existen méritos probatorios para inferir la comisión del delito. La resolución de archivo se fundamentó en que la mayoría de los congresistas investigados negaron haber utilizado el transporte de SADI o desconocían su uso, lo que descartó la hipótesis de una financiación irregular consciente.

Presunto Fraude Contable

Pese al archivo de la Fiscalía, un hallazgo paralelo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reabre el flanco judicial contra Jaramillo y Roa por hechos distintos: un presunto fraude en la presentación de informes de gastos al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque la Corte archivó el proceso penal contra los congresistas del Pacto Histórico por la misma causa de los vuelos, el alto tribunal determinó que la campaña al Senado, dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo, y la campaña presidencial, gerenciada por Ricardo Roa, habrían manipulado las cuentas.

La Corte encontró evidencia de que, por sugerencia de Roa, se habrían ocultado gastos por cerca de $1.200 millones correspondientes al transporte aéreo del entonces precandidato Gustavo Petro y su equipo (vuelos de la consulta interpartidista o de la campaña presidencial). Estos gastos fueron presuntamente camuflados en el reporte de la campaña al Senado.

Según la Corte, esta maniobra habría inducido en error al CNE, permitiendo la reposición de votos por una cifra superior, lo que podría constituir un delito.

La Corte Suprema de Justicia procedió a compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación. Esta acción obliga al ente acusador a iniciar una nueva investigación formal contra Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa por el presunto delito de fraude en la presentación de informes de gastos de campaña.