Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero 

Javier Sánchez

Política 

La consulta interna del Pacto Histórico para elegir a su candidato presidencial se ha polarizado, generando un llamado a la unidad de emergencia para enfrentar al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuya participación es vista por algunos sectores como una amenaza a la bandera anticorrupción.

Alianza y Desencuentros

Iván Cepeda vs. Carolina Corcho: El senador Iván Cepeda, respaldado por figuras como Gustavo Bolívar y María José Pizarro tras la declinación de sus candidaturas, es el favorito de la izquierda tradicional. Sin embargo, la exministra de Salud, Carolina Corcho, ha rechazado una alianza directa con Cepeda para derrotar a Quintero, señalando que la contienda debe definirse en las urnas y que su aspiración no es «un asunto moral, sino político».

El exsenador Gustavo Bolívar ha advertido vehementemente que si Cepeda y Corcho no unen fuerzas, la izquierda corre el riesgo de ser derrotada. Bolívar acusa a Daniel Quintero de estar haciendo alianzas con políticos tradicionales (la «politiquería») para contaminar la consulta interna del Pacto y ha afirmado que, de ganar Quintero, él consideraría lanzarse por fuera del aval en marzo, pues teme que una victoria de Quintero sería «la derrota de todo el proyecto progresista».

El Riesgo Quintero

La presencia de Quintero en la consulta es resistida por el sector más «purasangre» del Pacto debido a las investigaciones judiciales en su contra por presunta corrupción. La preocupación central es que si Quintero gana, el candidato de «el cambio» podría enfrentar una eventual condena judicial.

Crisis Diplomática 

El retiro de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro, tras sus declaraciones en Nueva York que fueron catalogadas de «imprudentes e incendiarias» por el Departamento de Estado de EE. UU., desató una ola de reacciones en su gabinete.

Petro: «No me importa»: El presidente confirmó la medida y aseguró que no le preocupa, afirmando que no la necesita ya que posee ciudadanía europea y se considera «una persona libre en el mundo».

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó señalando que «al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu» y propuso públicamente que otros miembros del gabinete deberían renunciar a su visa como muestra de respaldo y dignidad nacional. En solidaridad, varios funcionarios, incluida la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el secretario jurídico, Augusto Ocampo, han anunciado la renuncia voluntaria a su visa estadounidense.

Escándalo UNGRD 

El ventilador de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue girando, salpicando a altos congresistas.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ha testificado ante la Fiscalía que la coima entregada al senador Iván Name (entonces presidente del Senado) tuvo como objetivo garantizar que la senadora María José Pizarro pudiera presidir el Senado en ausencia de Name. La estrategia buscaba asegurar que, con Pizarro en la dirección, se facilitara la aprobación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.

La senadora María José Pizarro se defendió enérgicamente de cualquier vínculo. Aseguró que jamás tuvo conocimiento de coimas o estrategias con ese fin y que su función de reemplazar al presidente Name era simplemente un deber legal y constitucional como primera vicepresidenta del Senado. Pizarro afirmó que su proceder ha sido intachable en sus siete años en el Congreso y que no acepta que las prácticas de la vieja política enloden su nombre.

Seguridad y Control Migratorio

En el marco de las acciones de control migratorio, las autoridades han seguido expulsando a extranjeros con antecedentes judiciales.

Migración Colombia reportó la expulsión de un ciudadano estadounidense en Cartagena que se encontraba en el país de manera irregular y tenía un historial delictivo en su país de origen que incluía antecedentes por robo y otros delitos. Esta acción se suma a la tendencia de las autoridades de negar la entrada o expulsar a extranjeros con historiales criminales, como medida de seguridad nacional.