Javier Sánchez
Primicia Diario
La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el objetivo explícito de revocar el mandato de congresistas, magistrados y funcionarios locales ha desatado un debate de alto voltaje. Calificada como una idea «políticamente explosiva y jurídicamente compleja», la iniciativa es vista por unos como la única vía para una «limpieza de la casa» institucional y por otros como un riesgo inminente para la estabilidad democrática.
El principal argumento del presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego para proponer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se centra en la idea del bloqueo institucional y la necesidad de materializar las reformas sociales que, según él, el pueblo colombiano «decretó, demandó y ordenó» con su voto en las elecciones de 2022.
Grito de la Renovación
Los promotores de la revocatoria masiva, argumentando una profunda crisis de confianza ciudadana, sostienen que:
La ANC, como manifestación del Poder Constituyente Primario, es soberana. Si las instituciones han colapsado en credibilidad, «la ANC tiene la autoridad para resetearlas».
La alta desconfianza en el Congreso y las altas cortes exige una «cirugía mayor». La revocatoria general sería el único camino para que la nueva Carta Política sea diseñada por «manos limpias» y no por las élites clientelistas.
La remoción de magistrados, en medio de cuestionamientos por corrupción, es vista como el paso necesario para «sentar las bases de una reforma estructural de la justicia» sin la influencia de los titulares actuales.
Peligro del Vacío de Poder
Juristas, académicos y opositores advierten sobre las consecuencias catastróficas de cesar mandatos de forma masiva:
La injerencia directa de la ANC en el poder judicial es calificada como una «sustitución de la Constitución» y una violación al principio de la independencia judicial.
Advierten que la revocatoria podría ser usada como un «arma política» para que los promotores tomen control total del Estado, facilitando la «subordinación de la rama judicial al poder de turno».
¿Cómo Evitar la Captura de la ANC?
Más allá de la controversia por la revocatoria, el debate crucial se centra en blindar el proceso constituyente mismo. Analistas y expertos, inspirados en la experiencia de 1991, señalan que la clave reside en el diseño electoral:
Es indispensable que los delegatarios surjan de «listas de movimientos sociales o ciudadanos», y no solo de partidos. Esto se lograría con la creación de «circunscripciones electorales especiales» para pueblos étnicos, víctimas y movimientos sociales, diluyendo el poder de las estructuras políticas tradicionales.
Se exige «prohibir la postulación simultánea» de congresistas y mandatarios en ejercicio y establecer «filtros estrictos para que personas con condenas por corrupción no puedan postularse». Además, los delegatarios elegidos no deberían «aspirar a cargos de elección popular inmediatamente después» de terminar su labor.
La legitimidad se debe reforzar con «Cabildos Abiertos Constituyentes obligatorios» en regiones, forzando a los delegatarios a rendir cuentas ante la ciudadanía.
En el plano jurídico, la Corte Constitucional será la última barrera. Expertos coinciden en que una propuesta de revocatoria masiva de los poderes constituidos sería «muy probable de ser declarada inconstitucional», bajo el argumento de que excede los límites de la ANC y pretende una sustitución total de los pilares de la Constitución.
Convocatoria
La eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente en Colombia desata un debate crucial: cómo evitar que el proceso sea «capturado» por la clase política tradicional y corrupta y, en su lugar, refleje genuinamente la voz de todos los estamentos de la sociedad civil. Expertos y analistas coinciden en que la clave reside en el diseño mismo de las reglas de juego.
Para asegurar una representación amplia y no partidista, las propuestas apuntan a implementar una serie de mecanismos de inclusión y fuertes restricciones éticas, inspirados en la experiencia exitosa de 1991.
Sociedad Civil
El objetivo principal es asegurar que los delegatarios surjan de listas de movimientos sociales o ciudadanos, y no solo a través de los partidos con estructuras clientelistas. El mecanismo más efectivo para ello son las circunscripciones electorales especiales:
Se propone la asignación de «escaños reservados» mediante una circunscripción nacional especial para comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales, garantizando la representación de grupos con derechos ancestrales que suelen ser subrepresentados.
Se aboga por la creación de una «Circunscripción Nacional Ciudadana» que permita a líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos o movimientos de víctimas postularse directamente, sin necesidad de negociar con la política tradicional.
Se contempla la asignación de «cupos fijos» para representantes de gremios, estudiantes, sindicatos y organizaciones campesinas, garantizando que las fuerzas económicas y laborales tengan voz directa en la discusión.
Se propone incluir «escaños especiales» para los representantes de las víctimas, asegurando que las voces más afectadas estén en la mesa de justicia y reconciliación.
Restricciones Éticas
Para blindar la Asamblea de la «clase política tradicional», las propuestas sugieren establecer fuertes restricciones e inhabilidades:
Se debe «prohibir la postulación simultánea» de congresistas, diputados, o concejales en ejercicio a la Constituyente.
Los delegatarios elegidos no deberían «aspirar a cargos de elección popular inmediatamente después» de terminar su labor, lo que evitaría que la Asamblea sea vista como un trampolín político.
Es indispensable implementar «filtros estrictos para que personas con condenas por corrupción no puedan postularse», independientemente de su filiación partidista.
Transparencia
La legitimidad del proceso se refuerza con la participación ciudadana más allá del voto:
Se deben establecer «Cabildos Abiertos Constituyentes obligatorios en regiones y municipios», forzando a los delegatarios a rendir cuentas y a escuchar propuestas directas de la ciudadanía.
La Asamblea deberá adoptar un «reglamento riguroso de ética y conflicto de intereses» para garantizar la transparencia en sus deliberaciones y en la financiación de las campañas.
Lecciones de 1991
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 es el gran precedente de inclusión en el país. El proceso, impulsado por el movimiento estudiantil de la «Séptima Papeleta», demostró que la irrupción de «voces nuevas y no alineadas con la política tradicional» fue el verdadero antídoto contra la captura.
En última instancia, el éxito o fracaso de una Constituyente para evitar la «captura política» radicará en que las «Circunscripciones Especiales y Ciudadanas» tengan un peso significativo en el diseño electoral, diluyendo el poder de los partidos y priorizando la independencia de la sociedad civil.
La ANC, como manifestación del Poder Constituyente Primario, es soberana. Si las instituciones han colapsado en credibilidad, «la ANC tiene la autoridad para resetearlas».
La Asamblea Nacional Constituyente es el reclamo de la ciudadanía indignada