Javier Sánchez
Política
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desatado un «fuego cruzado» legal y político que ha sumido a la consulta presidencial del «Pacto Histórico» (prevista para el 26 de octubre) en un escenario de «alto riesgo jurídico». La tensión escala al confrontar directamente al organismo electoral con el Gobierno de Gustavo Petro y la cúpula de la coalición de izquierda.
La «Jugada Maestra» del CNE
La decisión medular del CNE consistió en no reconocer al «Pacto Histórico» como un partido único, con personería jurídica, para fines de la consulta. En su lugar, resolvió tratar la contienda como una «consulta interpartidista» de las colectividades que lo integran (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista), excluyendo a «Colombia Humana».
El cambio a la etiqueta «interpartidista» es el epicentro del conflicto, pues la Ley 1475 de 2011 prohíbe la participación en dos consultas de esta naturaleza en el mismo proceso electoral. Esto pone en riesgo al ganador de octubre para la «gran consulta» del Frente Amplio en marzo de 2026.
El organismo electoral prohibió el uso del logo unificado del «Pacto Histórico» en el tarjetón, argumentando que la fusión aún está condicionada y la personería jurídica no está consolidada.
Ante la inminente «inseguridad jurídica», el precandidato Daniel Quintero anunció su retiro. Magistrados han advertido que esta renuncia, bajo el actual estatus interpartidista, podría inhabilitarlo para futuras contiendas.
«Alarma Presidencial» y Denuncia de Golpe
Las consecuencias políticas han sido inmediatas y severas:
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, acusando al CNE de intentar «desbaratar a la fuerza» la consulta y catalogando la maniobra como un «golpe antidemocrático» diseñado para debilitar a la izquierda.
La coalición teme que el «riesgo de inhabilitación» divida a sus cuadros. Líderes petristas como Gustavo Bolívar han acusado al CNE de «entrampar» el proceso, buscando forzar la división interna del movimiento y mermar su fuerza de cara a las elecciones de 2026.
Magistrados como Altus Baquero han defendido la postura, negando haber «cambiado las reglas» y asegurando que simplemente se aplica la normativa electoral ante la ausencia de una personería jurídica formal para el «Pacto Histórico».
En síntesis, la resolución del CNE ha cristalizado los obstáculos del petrismo, obligando a que su consulta se celebre bajo una categoría legal que siembra la duda y amenaza la «unidad del bloque progresista» en el camino hacia la contienda presidencial.
Breves Políticas
Roy Barreras oficializó su candidatura presidencial para las elecciones del 2026. Aseguró que una de sus banderas será la «seguridad total», en contraste con las políticas de paz que ha respaldo en el pasado.
«Prometo que, vaya donde vaya, nunca olvidaré quién soy, de dónde vengo, los esfuerzos de mi madre ni las razones que me trajeron hasta aquí»,dijo. .
