Los terrenos, ubicados en el Valle del Cauca, formaron parte del extenso patrimonio de capos de alta resonancia en la historia criminal del país, incluyendo a figuras como Diego León Montoya Sánchez, alias «Don Diego», y Hélmer Herrera Buitrago, alias «Pacho Herrera».

Jair López

Cali, Colombia

 Un gesto de profunda justicia territorial marca un hito en la política de reforma agraria colombiana: predios que alguna vez sirvieron como epicentro de la acumulación ilícita del extinto Cartel del Norte del Valle están siendo transferidos a la Minga Cali, una articulación de comunidades campesinas e indígenas. Esta entrega no es solo un acto administrativo, sino una transformación simbólica y productiva: las tierras pasarán a generar café, maíz y cítricos, reemplazando la historia de narcotráfico por un futuro de soberanía alimentaria.

El Origen de los Predios

Los terrenos, ubicados en el Valle del Cauca, formaron parte del extenso patrimonio de capos de alta resonancia en la historia criminal del país, incluyendo a figuras como Diego León Montoya Sánchez, alias «Don Diego», y Hélmer Herrera Buitrago, alias «Pacho Herrera».

Estas propiedades, que operaron como símbolos de violencia y despojo, fueron incautadas y posteriormente extinguidas de dominio. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha certificado que los predios se encontraban previamente bajo ocupaciones sin un soporte jurídico válido, contraviniendo su destinación original. La entrega de estos bienes busca, esencialmente, convertirlos en espacios de vida digna, producción sostenible y reparación social.

Justicia y la Comunidad

La transferencia de estos activos es resultado de un compromiso institucional y una articulación entre el Gobierno Nacional y las comunidades beneficiarias. La Minga Cali se convierte en la receptora directa de estos terrenos, consolidando una oportunidad tangible de recuperación territorial.

Bernarda Pabón, lideresa de la Minga Indígena, ha calificado este paso como la materialización de la posibilidad de transformar los bienes incautados en una «herramienta de vida digna y un espacio para sembrar en territorios de paz».

El proceso ha contado con la participación activa de la ANT, encargada de liderar la verificación técnica y la transferencia legal, y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), administradora de los bienes incautados, garantizando la viabilidad jurídica de la entrega. El rigor del proceso incluyó visitas técnicas para validar el estado y la ocupación de los predios.

Nuevo Horizonte Agrícola

El propósito central de esta asignación es robustecer la soberanía alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades. Las tierras de los ex narcos se destinarán a la producción de café, maíz y cítricos, en un claro ejemplo de transformación de usos.

Se abandona así la subutilización o las actividades ilícitas que pudieron haber marcado el pasado de estos predios, para dar paso a una producción agrícola formal y sostenible. Este enfoque se concibe como una reparación colectiva que permite a las comunidades, históricamente excluidas, recuperar su lugar en el campo y ejercer su derecho a trabajar la tierra en paz.

Legado Productivo del Narco

Este caso se inscribe de manera contundente en la estrategia de Reforma Agraria del Gobierno, que busca transformar territorios vulnerados en pilares de la construcción de paz.

La entrega de estos bienes del Cartel del Norte del Valle a la Minga Cali es un ejemplo concreto de cómo los activos decomisados al crimen organizado están siendo capitalizados para fortalecer el acceso a la tierra de campesinos e indígenas. Este esfuerzo se suma a otras transferencias de predios de ex narcos y testaferros a víctimas y comunidades rurales, posicionando al movimiento campesino como un actor central en la garantía de la paz y la seguridad alimentaria en Colombia.