Gustavo Petro,  y Francia Márquez, celebrando el triunfo en 2022. Hoy la campaña fue sancionada por el CNE.

Javier Sánchez 

Primicia

Una tormenta política y judicial se cierne sobre el Gobierno de Gustavo Petro tras el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró que la campaña «Petro Presidente 2022» incurrió en graves violaciones al régimen de financiación electoral. La decisión, que fue aprobada con una votación de 6-3, propone sanciones millonarias y compulsas de copias a la Fiscalía, reavivando el debate sobre la legitimidad de los fondos utilizados en la contienda presidencial.

Pilares de la Irregularidad Financiera

La investigación del CNE, detallada en sus ponencias, se sostiene en tres hallazgos centrales que apuntan a un manejo contable irregular y a la burla de los límites legales:

El fallo concluye que la campaña presidencial superó los límites máximos permitidos por la ley. La violación de los topes de gasto oscilaría entre 3.500 y 5.300 millones de pesos sumando los recursos de la primera y la segunda vuelta.

Este punto es el más delicado penalmente. El CNE determinó que la campaña recibió aportes de personas jurídicas, lo cual está estrictamente prohibido para campañas presidenciales. Entre las entidades señaladas se encuentran:

FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación): Aportes identificados como provenientes de una fuente proscrita.

USO (Unión Sindical Obrera): Aportes no declarados, presuntamente destinados al pago de testigos electorales.

El órgano electoral también detectó irregularidades contables destinadas a evadir la fiscalización:

«Financiación Cruzada»: Uso de recursos provenientes de la campaña al Congreso del Pacto Histórico que no fueron reportados como gasto presidencial.

Omisión de Gastos: Falta de reporte de gastos significativos por concepto de transporte aéreo.

Modificación de Cuentas: Evidencia de intentos por «modificar las cuentas» y la asignación de facturas, según la auditoría Nexia, en un esfuerzo por ocultar las irregularidades.

Sanciones Administrativas y Consecuencias Penales

La determinación del CNE propone drásticas medidas administrativas y activa el engranaje penal del país.

La decisión impone multas que superan los 1.000 millones de pesos a los partidos que avalaron la campaña (Pacto Histórico y Colombia Humana) y exige la devolución de los recursos pagados por reposición de votos.

 La sanción se dirige principalmente a los responsables financieros y gerenciales, destacando el rol de Ricardo Roa (gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol) y los auditores.

El CNE tiene la obligación de «compulsar copias a la Fiscalía» para que se investiguen penalmente a los sujetos procesales por posibles delitos como violación de topes de financiación y fraude procesal. Las investigaciones que atañen directamente al Presidente, sin embargo, recaen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara debido a su fuero constitucional.

La defensa de la campaña, por su parte, mantuvo la tesis de la «caducidad del proceso», un argumento que fue desestimado por el CNE.

 «Golpe Blando» vs. «Legitimidad Cuestionada»

El fallo del CNE ha polarizado el espectro político, generando acusaciones cruzadas sobre la intención detrás del proceso.

El presidente Petro y su círculo han calificado la investigación como un intento de «golpe blando» o «golpe de Estado», alegando que se busca desconocer el mandato popular de casi 11 millones de ciudadanos. El mandatario ha criticado abiertamente a los magistrados, tachándolos de «politiqueros pagos» que intentan «matar la democracia».

Figuras opositoras han celebrado la decisión, considerándola un «hecho muy importante» que cuestiona la legitimidad del acceso al poder. Han reiterado que la violación de topes y la financiación prohibida son actos de corrupción que deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Organismos como Transparencia por Colombia han respaldado el proceso institucional del CNE, señalando que la campaña «violó las normas electorales» y urgiendo a que la crisis se resuelva a través de los mecanismos legales establecidos.