Wilson Ruiz Orejuela, candidato al Senado con el número 20 por el partido Salvación Nacional

 

 

 

Javier Sánchez 

Primicia Diario 

El nombre de Wilson Ruiz Orejuela, candidato al Senado con el número 20 por el partido Salvación Nacional, resuena con la autoridad de la experiencia. Su hoja de vida es un recorrido por las más altas esferas de la justicia colombiana, desde el Consejo Superior de la Judicatura hasta el Ministerio de Justicia y del Derecho. Un camino marcado por la técnica, la reforma judicial y la administración de la norma.

En este reportaje, el exministro explica las razones que lo impulsaron a dejar los despachos judiciales y ejecutivos para entrar de lleno a la «arena política del Congreso». Según Ruiz, su decisión no obedece a una «ambición personal», sino a una «evolución natural» de su trabajo:

-Con esa trayectoria, entendí que, aunque desde el Ejecutivo y la Rama Judicial se pueden lograr avances importantes, existen límites que solo pueden superarse desde el Congreso… [Mi propósito es] participar en su diseño, defender la institucionalidad y promover, desde el Congreso, transformaciones que garanticen una justicia moderna, humana y verdaderamente al servicio del ciudadano.

Ruiz, quien se define como parte de una «centroderecha moderna y democrática», trae consigo una agenda legislativa con un foco claro: la modernización judicial, el fortalecimiento de la autoridad del Estado y la lucha contra la «crisis integral de gobernabilidad» que, desde su perspectiva, es el problema más urgente que debe abordar el Parlamento. Conozca en detalle las propuestas y la visión de este candidato que busca llevar el rigor técnico de la justicia al debate legislativo.

Su trayectoria ha estado marcada por el ámbito jurídico, incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia. ¿Qué lo motivó a dar el salto del servicio público ejecutivo y judicial a la arena política del Congreso?

-Mi paso por el Consejo Superior de la Judicatura y por el Ministerio de Justicia fue un compromiso real por modernizar, ordenar y fortalecer la justicia en Colombia. Desde el Consejo impulsé la optimización de los despachos judiciales, la implementación de herramientas tecnológicas para descongestionar procesos y la defensa de la independencia judicial frente a presiones externas. Uno de mis énfasis fue mejorar la eficiencia del sistema y garantizar mayor cercanía entre la justicia y los ciudadanos.

Luego, como Ministro de Justicia, trabajé con determinación para sacar adelante políticas de resocialización, fortalecimiento carcelario, reforma al sistema penal acusatorio, lucha contra las drogas sintéticas como el fentanilo y consolidación de rutas de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. Impulsé la cooperación internacional para mejorar las capacidades del país y lideré iniciativas legislativas que hoy siguen teniendo impacto en la política criminal.

Con esa trayectoria, entendí que, aunque desde el Ejecutivo y la Rama Judicial se pueden lograr avances importantes, existen límites que solo pueden superarse desde el Congreso. Por eso decidí dar el salto a la arena política: porque muchas de las reformas que intentamos impulsar desde la gestión necesitaban un soporte legislativo sólido que solo se puede construir desde el Parlamento.

En mi caso, no fue una ambición personal, sino la evolución natural de un trabajo que ya venía haciendo: después de administrar y ejecutar la norma, comprendí que era necesario participar en su diseño, defender la institucionalidad y promover, desde el Congreso, transformaciones que garanticen una justicia moderna, humana y verdaderamente al servicio del ciudadano.

Definición Ideológica 

¿Cómo define usted su posición dentro del espectro de la derecha colombiana? ¿En qué puntos específicos se diferencia su plataforma de la derecha más tradicional o de otros sectores afines?

-Yo me defino como parte de una centroderecha moderna y democrática, que defiende las libertades, la institucionalidad y una economía responsable, pero con un enfoque social serio y sostenible. No creo en los extremos ni en los discursos que dividen; creo en la técnica, en la legalidad y en la necesidad de modernizar la centroderecha para responder a los desafíos actuales con propuestas reales y no con retórica.

Me diferencio de la derecha más tradicional porque mi plataforma pone en el centro la justicia, la transparencia y el Estado de Derecho, no solo la seguridad. Mi experiencia en el sector justicia me permite aportar una visión más técnica y menos dogmática. Apuesto por una derecha que dialogue, que construya y que entienda que el país necesita reformas profundas con rigor, equilibrio y resultados, no nostalgias ni populismos.

El énfasis en el orden es un pilar de la derecha. ¿Cuál es su propuesta para garantizar la autoridad del Estado y la Fuerza Pública en todos los territorios, especialmente frente a los grupos armados ilegales?

-Mi propuesta parte de una verdad elemental: el orden no es un eslogan ni una foto para redes. El orden es una política pública seria, sostenida y medible. Y eso empieza por algo que este Gobierno abandonó: la presencia real y permanente del Estado en el territorio. Colombia no se gobierna desde X; se gobierna con instituciones fuertes en cada rincón del país.

¿Qué propongo? Primero, recuperar la autoridad donde hoy está ausente. Eso implica reforzar el pie de fuerza en zonas críticas, modernizar la inteligencia, integrar operaciones entre Fuerza Pública, Fiscalía y entidades civiles, y garantizar que la justicia, la ordinaria, no la negociada al gusto de los criminales, llegue con contundencia a los territorios donde hoy manda la ilegalidad.

Segundo, frente a los grupos armados, debemos ser decisivos. Se necesita presión militar constante, desmantelamiento de sus economías criminales y reactivar la cooperación con aliados internacionales para elevar nuestras capacidades tecnológicas y operativas. Ningún país enfrenta estas amenazas solo, y Colombia no puede seguir aislándose.

Por último, hay que cerrar los vacíos institucionales que permiten que estos grupos se reciclen una y otra vez. Eso significa recuperar el respeto por la autoridad, acabar con los mensajes contradictorios del Gobierno frente al crimen y garantizar que la Fuerza Pública tenga respaldo político, jurídico y logístico para actuar sin miedo, con eficacia y con profesionalismo.

Salvación Nacional ha sido históricamente un baluarte de la derecha conservadora. ¿Siente que sus propuestas se alinean completamente con esa tradición, o hay matices modernos que desea incorporar a la visión del partido?

-Salvación Nacional tiene una tradición profunda dentro de la derecha conservadora, una tradición que respeto y valoro porque ha defendido la institucionalidad, el orden y los principios democráticos en momentos decisivos del país. En ese sentido, mis propuestas sí se alinean con esa columna vertebral: la defensa del Estado de Derecho, la autoridad legítima, la libertad económica responsable y el rechazo absoluto a cualquier forma de connivencia con el crimen o el populismo. Comparto plenamente esa visión de un país donde la ley se cumple, donde la moral pública importa y donde el Estado actúa con firmeza y decoro.

Sin embargo, también creo que un partido con historia necesita lecturas modernas para responder a los desafíos actuales. Mi visión incorpora matices orientados a la renovación: una justicia más eficiente y tecnológica, un Estado más transparente, políticas sociales sostenibles que no contradigan la responsabilidad fiscal, y una centroderecha que dialogue sin claudicar en sus principios. No se trata de romper con la tradición, sino de fortalecerla con herramientas contemporáneas. En otras palabras, mi propósito es que Salvación Nacional siga siendo un referente de la derecha seria y conservadora, pero con la capacidad de ofrecer soluciones modernas a un país que hoy exige más técnica, más integridad y menos retórica.

Prioridades en el Congreso 

¿Cuál es la principal problemática que, desde su perspectiva, el Congreso debe abordar de manera inmediata y cómo planea contribuir a su solución desde la curul número 20 de Salvación Nacional?

-Desde mi perspectiva, la principal problemática que el Congreso debe abordar de manera inmediata es la crisis integral de gobernabilidad que vive el país, una crisis que se expresa en tres frentes urgentes: el deterioro de la seguridad, el debilitamiento institucional y la desaceleración económica que está golpeando el empleo y la inversión. Hoy Colombia enfrenta territorios capturados por grupos armados, un Estado que perdió capacidad de mando y un gobierno que ha generado incertidumbre jurídica y económica. Si el Congreso no actúa con firmeza y responsabilidad, el país seguirá profundizando su fractura social y su retroceso institucional.

Desde la curul número 20 de Salvación Nacional, tengo la convicción de aportar con rigor técnico y sentido de Estado a la solución de esta crisis. Mi prioridad será impulsar reformas que fortalezcan la justicia para que el Estado vuelva a tener autoridad real, respaldar una agenda de seguridad seria y profesional, y promover un marco económico estable que devuelva confianza a empresarios, trabajadores y regiones. Trabajaré por frenar iniciativas que erosionen las instituciones y, al mismo tiempo, por construir acuerdos que permitan recuperar orden, crecimiento y estabilidad. Mi compromiso es claro: usar la curul para defender a Colombia de la improvisación y el desgobierno, y para contribuir a que el país retome el rumbo con sensatez, institucionalidad y resultados.

Siendo un candidato con un profundo conocimiento del sistema de justicia, ¿cuál considera que será su aporte distintivo y más valioso en el debate legislativo?

-Mi aporte distintivo en el debate legislativo será llevar una mirada técnica, realista y operativa del sistema de justicia, algo que muy pocos congresistas pueden ofrecer. Conozco sus fortalezas y sus grietas desde adentro, sé dónde se traban los procesos, qué reformas son viables y cuáles son simples discursos vacíos. Esa experiencia me permitirá impulsar iniciativas que realmente modernicen la justicia, fortalezcan la capacidad investigativa y garanticen que el Estado recupere autoridad en el territorio. No voy a improvisar: voy a legislar con conocimiento de causa y con una visión integral del sistema.

Además, aportaré algo que el Congreso necesita con urgencia: rigurosidad y respeto por la institucionalidad. En un momento en que algunas propuestas ponen en riesgo la separación de poderes o debilitan a la justicia, mi papel será defender el Estado de Derecho con argumentos sólidos, cifras y resultados. Mi valor agregado será convertir la experiencia en política pública, en reformas concretas que mejoren la eficiencia judicial, protejan a las víctimas y aseguren que la justicia sea una herramienta real para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

Dada su experiencia como ministro de Justicia y ponente de proyectos de reforma, ¿cuáles son los tres puntos más urgentes y concretos que impulsaría para modernizar y hacer más eficiente la administración de justicia en Colombia?

-Mi experiencia como ministro de Justicia me dejó una convicción profunda: modernizar la justicia no es un lujo técnico, es una urgencia nacional. Y desde el Congreso voy a impulsar, desde el primer día, tres reformas concretas, realistas y necesarias para que la justicia vuelva a servirle al ciudadano y no a la burocracia:

1. Justicia que responda: digitalización plena y trámites en tiempo real. Colombia no puede seguir con una justicia del siglo XX intentando resolver los problemas del siglo XXI. Impulsaré una reforma de modernización que incluya: Expedientes 100 % digitales. Notificaciones automáticas. Audiencias virtuales garantizadas. Interoperabilidad entre Fiscalía, Policía, Rama Judicial y ministerios. Una justicia lenta es justicia denegada. La tecnología no es opcional: es la herramienta para reducir congestión, acelerar decisiones y evitar corrupción en trámites.
2. Mano firme contra la corrupción judicial y disciplinaria. La justicia pierde legitimidad cuando la corrupción se vuelve costumbre. Por eso impulsaré: Un sistema nacional de integridad judicial con trazabilidad, veeduría y control ciudadano. Sanciones más rápidas y contundentes para jueces, fiscales y funcionarios que incurran en corrupción. Blindaje de los concursos de méritos y reducción de la injerencia política en nombramientos. Sin transparencia, no hay confianza. Y sin confianza, no hay justicia.
3. Justicia cercana al territorio: más jueces, más fiscales y más capacidad real. La mayoría del país aún vive sin acceso efectivo a la justicia. Propondré: Ampliación del número de jueces y fiscales donde hay mayor criminalidad y congestión. Unidades móviles de justicia rural y urbana. Priorización de casos de reincidencia, violencia intrafamiliar y delitos de alto impacto. Coordinación obligatoria entre Fuerza Pública, Fiscalía y autoridades locales para respuestas rápidas y eficientes. Justicia eficiente es seguridad. Un Estado que no llega al territorio pierde autoridad.

Posición de Gobierno y Balance de la Paz

De llegar al Senado, ¿cómo planea mantener la independencia legislativa y, al mismo tiempo, trabajar en conjunto con la bancada de Salvación Nacional para lograr consensos y aprobar sus iniciativas?

-De llegar al Senado, mi independencia legislativa se sustentará en un principio fundamental: toda decisión debe responder al interés nacional y al rigor técnico, no a cálculos coyunturales. Mi trayectoria en el sector justicia me ha enseñado a actuar con criterio propio, fundamentado en evidencia y en la protección de la institucionalidad. Ese será mi eje para analizar cada proyecto, apoyar lo que fortalezca al país y oponerme a lo que lo debilite, siempre con absoluta transparencia frente a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, trabajaré de manera coordinada con la bancada de Salvación Nacional porque la construcción de consensos es indispensable para lograr resultados. La independencia no implica aislamiento, sino la capacidad de enriquecer las discusiones con argumentos y propuestas sólidas. Mi objetivo será aportar una mirada técnica que complemente la agenda del partido, facilitar acuerdos con otras fuerzas políticas y asegurar que nuestras iniciativas avancen con respaldo amplio. En síntesis, ejerceré una independencia responsable: firme en mis principios, pero colaborativa, orientada a consolidar acuerdos que le permitan al país recuperar seguridad, institucionalidad y estabilidad.

En el actual panorama político, ¿se considera un candidato que buscará apoyar las iniciativas del próximo gobierno o ejercerá una oposición crítica y constructiva? ¿Bajo qué criterios tomará esta decisión?

-Me considero un candidato que actuará con criterio propio, no como un apoyo automático ni como un opositor por reflejo. Mi responsabilidad es con el país, no con un gobierno específico. Si las iniciativas del próximo gobierno fortalecen la institucionalidad, mejoran la seguridad, generan estabilidad económica o modernizan la justicia, tendrán mi respaldo sin titubeos. Pero si representan improvisación, riesgo fiscal, debilitamiento del Estado de Derecho o concesiones frente al crimen, ejerceré una oposición crítica, seria y técnicamente fundamentada.

Mi decisión se basará en tres criterios: Rigor institucional; Impacto real para el ciudadano; y Sostenibilidad técnica y fiscal. En conclusión, seré un senador que actúe con independencia y responsabilidad: capaz de construir cuando el país lo exija y de oponerse cuando la institucionalidad esté en riesgo.

Como conocedor del derecho, ¿cuál es su balance de la implementación legislativa del Acuerdo de Paz y qué ajustes o leyes cree que son necesarios para garantizar la justicia transicional y la reparación a las víctimas?

-La implementación legislativa del Acuerdo de Paz ha sido desigual e incompleta. Se avanzó en la creación del andamiaje jurídico básico —JEP, Unidad de Búsqueda y Comisión de la Verdad—, pero la ejecución ha estado marcada por vacíos normativos, falta de articulación institucional y una débil capacidad del Estado para cumplir lo pactado sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni los derechos de las víctimas.

Por eso, es necesario introducir ajustes legislativos puntuales para fortalecer el sistema de justicia transicional sin convertirlo en un espacio de impunidad. En primer lugar, se requiere una ley de articulación entre la JEP, la Fiscalía y la justicia ordinaria que evite duplicidades, rezagos y decisiones contradictorias. En segundo lugar, se necesita una actualización normativa que refuerce los mecanismos de reparación integral. Finalmente, es indispensable fortalecer el marco legal de no repetición. Mi balance es claro: se avanzó, pero falta rigor jurídico, coherencia institucional y un compromiso real con las víctimas para que la justicia transicional cumpla su propósito sin desbordar los límites del Estado de Derecho.

En caso de que se aprueben leyes en el Congreso que usted considera que el Ejecutivo debe vetar o reformar, ¿cómo manejaría esa tensión entre las ramas del poder?

-Manejaría esa tensión con absoluta responsabilidad institucional. Cuando el Congreso aprueba leyes que generan dudas de constitucionalidad, riesgos fiscales o impactos negativos en la seguridad y la justicia, el deber del Ejecutivo y también del legislador que actúa con criterio es advertirlo con argumentos sólidos. En esos casos, mi papel sería elevar recomendaciones técnicas y jurídicas públicas, explicar los riesgos y solicitar que el Gobierno ejerza sus facultades de objeción o revisión, siempre dentro de los mecanismos previstos por la Constitución.

No creo en la confrontación estéril entre ramas, pero tampoco en la complacencia. La relación debe fundamentarse en controles equilibrados, respeto mutuo y defensa del interés nacional. Si una ley es inconveniente o contraria al Estado de Derecho, defenderé que sea objetada; si requiere ajustes, promoveré mesas técnicas para corregirla; y si amerita revisión constitucional, respaldaré que el Ejecutivo acuda a la Corte. En todo caso, mi actuación será transparente, argumentada y orientada a evitar que normas improvisadas o populistas afecten al país.

«Mi decisión se basará en tres criterios: Rigor institucional; Impacto real para el ciudadano; y Sostenibilidad técnica y fiscal. En conclusión, seré un senador que actúe con independencia y responsabilidad: capaz de construir cuando el país lo exija y de oponerse cuando la institucionalidad esté en riesgo».

«La justicia pierde legitimidad cuando la corrupción se vuelve costumbre. Por eso impulsaré: Un sistema nacional de integridad judicial con trazabilidad, veeduría y control ciudadano. Sanciones más rápidas y contundentes para jueces, fiscales y funcionarios que incurran en corrupción. Blindaje de los concursos de méritos y reducción de la injerencia política en nombramientos. Sin transparencia, no hay confianza. Y sin confianza, no hay justicia».

«Yo me defino como parte de una centroderecha moderna y democrática, que defiende las libertades, la institucionalidad y una economía responsable, pero con un enfoque social serio y sostenible. No creo en los extremos ni en los discursos que dividen; creo en la técnica, en la legalidad y en la necesidad de modernizar la centroderecha para responder a los desafíos actuales con propuestas reales y no con retórica».