Rafael Camargo Vásquez
Judicial
En una alocución de alto impacto durante la ceremonia de ascensos del Ejército Nacional en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente Gustavo Petro delineó dos pilares fundamentales que redefinen la política de seguridad y defensa de su administración: la prohibición categórica del mercenarismo y la restricción total de armas en manos de civiles.
El fin de las «Guerras Inútiles»
El jefe de Estado fue tajante al declarar: «El mercenarismo ha quedado prohibido en Colombia».
Esta contundente afirmación se produce inmediatamente después de que la Cámara de Representantes diera luz verde al proyecto de ley que adopta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, un tratado de Naciones Unidas vigente desde 1989.
Petro envió un mensaje directo a la Fuerza Pública, advertida de no utilizar sus habilidades con fines ajenos a la seguridad nacional: «Ninguno de ustedes… puede usar esos conocimientos para ponerlos al servicio de narcotraficantes en Colombia o en el exterior, o en guerras que no son nuestras».
El mandatario centró su crítica en el conflicto ucraniano, mencionando los «videos de los muchachos en Ucrania, tratando de salir y no los dejan, son esclavos». Ante esta situación, reveló haber solicitado a la Canciller que oficie al presidente Volodímir Zelenski: «para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos, porque esa no es nuestra guerra».
El principio de neutralidad fue subrayado con firmeza: «Sus conflictos armados no tienen porqué tener ayuda del pueblo de Colombia, a través de oficiales que, teniendo el conocimiento, se van a pelear por causas ajenas, guerras inútiles, terribles, que no son nuestras guerras».
La orden de «desmontar» las armas civiles
El segundo eje del discurso se centró en la imperiosa necesidad de restringir la posesión de armas a la población civil, un tema que el Presidente elevó a meta constitucional.
Dirigiéndose al almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, Petro instó a avanzar hacia el objetivo de «disminuir al máximo la venta de armas a los civiles». La posición presidencial fue llevada al extremo: «En mi opinión, como presidente de Colombia, ningún civil en Colombia debe tener armas, ni el presidente».
El jefe de Estado argumentó que esta permisividad potencia el crimen: «El Estado está creando y potenciando el crimen» porque muchas de estas armas, incluyendo las «miles de armas embolatadas» de tiempo atrás, «están matando a soldados».
Petro concluyó que la restricción es vital para la paz: la eliminación total de armas en manos civiles cortaría «uno de los mecanismos por los cuales la violencia se nos perpetúa y el crimen».
El mensaje del presidente Petro consolida así una visión de seguridad nacional que demanda el monopolio absoluto de la fuerza por parte del Estado y busca el desarme ciudadano como una política esencial para la paz y la disminución de la criminalidad.
