Los alcaldes opositores que buscan la crisis económica de Colombia  

 

 

Javier Sánchez

Política 

El ajuste en las tarifas de transporte masivo y urbano para el año 2026 ha desatado una profunda controversia en las principales capitales de Colombia, con un foco de tensión crítica en Bogotá. La decisión de diversos mandatarios locales de incrementar los pasajes por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —llegando a aumentos de hasta $350 en la capital— ha sido calificada por sectores sociales y el propio Ejecutivo como una medida desproporcionada que castiga el bolsillo de la clase trabajadora en un momento de fragilidad económica.

¿Crisis inducida?: El pulso político desde las alcaldías

Para diversos analistas alineados con la Casa de Nariño, el incremento no responde exclusivamente a criterios técnicos, sino a una estrategia coordinada de los alcaldes de oposición para erosionar la capacidad adquisitiva recuperada tras el aumento del 23% en el salario mínimo. Se argumenta que, al elevar los costos de movilidad muy por encima de la inflación, se busca neutralizar el impacto social de las políticas del Gobierno Nacional, generando un malestar que «alimente la narrativa de una crisis económica artificialmente provocada».

En Bogotá, la administración distrital justifica el pasaje de $3.550 alegando un déficit financiero estructural en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que supera los 3 billones de pesos. Según el Palacio Liévano, sin este ajuste, la operación del sistema entraría en parálisis técnica. No obstante, desde el Ejecutivo se cuestiona esta lógica, señalando que «se está utilizando el transporte como una herramienta de recaudación impositiva indirecta», sacrificando la calidad de vida de los estratos 1, 2 y 3.

Un fenómeno de alcance nacional bajo la lupa

Bogotá no es el único epicentro del descontento. En ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, los mandatarios locales han seguido una hoja de ruta similar. Ante este escenario, organizaciones sociales han alertado que estos aumentos «asfixian la economía familiar en un momento de reactivación incierta», convirtiendo un servicio esencial en una carga financiera que ya representa cerca del 25% del ingreso mensual para los hogares más vulnerables.

El Ejecutivo activa el control frente al «abuso tarifario»

Ante lo que se interpreta como una falta de rigor en la fijación de precios, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte han activado protocolos de vigilancia estricta. El Gobierno Nacional ha sido enfático al recordar que, aunque existe una «libertad vigilada» en el transporte intermunicipal, esto no constituye una autorización para cobros arbitrarios. El Ministerio ha iniciado auditorías a las planillas de costos para asegurar que las alzas no correspondan a una «estrategia política para cubrir huecos fiscales».

Hacia un techo tarifario y la protección del usuario

La meta del Gobierno Nacional es establecer una mesa de concertación que derive en un techo tarifario vinculando los aumentos estrictamente al IPC de transporte. Esta propuesta busca evitar que el transporte público sea utilizado como una herramienta de choque político o recaudación distrital. Como sostuvo el Ejecutivo en un comunicado reciente: «El transporte es un derecho social, no un bien de lujo. Los alcaldes deben buscar alternativas de financiación que no impliquen golpear sistemáticamente al usuario más vulnerable».

Para combatir estas irregularidades, se han reforzado los canales de atención como la línea #767 y el portal de la SuperTransporte, invitando a la ciudadanía a utilizar el distintivo digital «#TarifaJusta» para visibilizar y frenar los excesos en el cobro del servicio, en un año donde la movilidad se ha convertido en el principal campo de batalla ideológico del país.

La decisión de varios alcaldes —liderados por la administración de Bogotá— de incrementar las tarifas del transporte masivo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha activado un complejo engranaje de supervisión estatal. Aunque los mandatarios locales poseen autonomía para fijar estas tarifas, esta facultad no es absoluta y está sujeta a rigurosos criterios de razonabilidad y legalidad.

A continuación, se detallan las medidas y sanciones que enfrenta la gestión de estos mandatarios ante un posible abuso de autoridad:

Requerimientos y control administrativo

El Ministerio de Transporte ha emitido comunicados perentorios señalando que los incrementos (como el 10,9% en Bogotá, frente a un IPC menor) no pueden justificarse únicamente por el aumento del salario mínimo.

El Ministerio ha requerido formalmente los informes que sustenten por qué los costos laborales se trasladaron directamente al usuario. Si el Ministerio conceptúa que el incremento es «irrazonable», puede desautorizar los convenios de cofinanciación nacional.

Como medida de presión, el Gobierno Nacional ha supeditado la entrega de recursos adicionales (como los 1,5 billones solicitados por Bogotá para el FET) a la revisión de la tarifa. Un incremento injustificado podría resultar en la congelación de aportes de la Nación para infraestructura y flota.

Investigaciones de la Superintendencia de Transporte

La SuperTransporte es el ente encargado de vigilar que las tarifas no sean arbitrarias. En enero de 2026, ha activado protocolos para investigar:

Si la Superintendencia determina que las alzas son «exorbitantes» o no tienen sustento en la canasta de costos, tiene la potestad de ordenar la reducción inmediata del pasaje.

Las autoridades de transporte pueden imponer sanciones pecuniarias a los entes gestores y, de manera indirecta, afectar la gestión de los alcaldes por incumplimiento de las metodologías tarifarias legales (como la Resolución 4350 de 1998).

Responsabilidad Disciplinaria y Fiscal

El incremento de tarifas por encima del costo de vida sin una base técnica sólida podría derivar en acciones ante los organismos de control:

Podría iniciar procesos disciplinarios por extralimitación de funciones o por dictar actos administrativos que vulneren el interés general y el principio de proporcionalidad.

Se investiga si el incremento busca cubrir ineficiencias administrativas (como la falta de control de la evasión o «colados»), lo cual podría configurarse como una gestión fiscal ineficiente del patrimonio público.

Acciones Populares y Nulidad Administrativa

Desde la sociedad civil y sectores afines al Gobierno, se han empezado a tramitar:

Ante la jurisdicción contencioso-administrativa para suspender los decretos que fijaron el alza, argumentando que el aumento del 10,9% rompe el equilibrio económico de los ciudadanos más vulnerables.

Que buscan retrotraer el precio del pasaje a los niveles de 2025 mientras se falla de fondo sobre la legalidad de los nuevos precios.

«La autonomía territorial no es un cheque en blanco para asfixiar al ciudadano. Si los estudios técnicos no demuestran una correlación real con los costos de operación, los alcaldes se enfrentan no solo al rechazo social, sino a la intervención directa de los entes de control», advirtió el Ministerio de Transporte en su circular de enero.