Jorge Enrique Ibáñez Najar,  presidente de la Corte Constitucional

Rafael Camargo Vásquez

Judicial 

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, se ha visto envuelto en una de las controversias más inusuales del poder judicial colombiano. Más allá de su papel como baluarte jurídico frente a las reformas del Ejecutivo, Ibáñez enfrentó un proceso de filiación que culminó con el reconocimiento judicial de un hijo. Lo que transformó un asunto privado en un escándalo de calado nacional fue la naturaleza de su defensa: el jurista sostuvo ante los tribunales que el encuentro biológico fue producto de una situación de indefensión, alegando haber sido víctima de «sustancias químicas» y de una «agresión sexual» que anularon su voluntad.

Pese a lo escabroso del argumento, la justicia civil priorizó el derecho a la identidad del demandante. La sentencia determinó que, ante la contundencia de las pruebas biológicas, la paternidad era incontestable, dejando las alegaciones sobre la presunta violación en un plano que habría requerido una investigación penal independiente. Para los críticos, este episodio representa una mancha en la imagen del magistrado; para sus defensores, es un capítulo doloroso de su intimidad que ha sido instrumentalizado para socavar su autoridad en un momento de alta tensión política en este 2026.

Este conflicto personal ha cobrado un nuevo matiz tras las denuncias del propio Ibáñez sobre presuntas «interceptaciones ilegales» y seguimientos por parte de organismos de inteligencia. En el complejo tablero del poder, la difusión de los detalles de este proceso es interpretada por algunos sectores como una estrategia de «guerra psicológica» destinada a neutralizar a uno de los opositores más férreos a las tesis del Gobierno Nacional. Mientras tanto, el magistrado mantiene su posición en el alto tribunal, defendiendo que su capacidad para dictar justicia permanece intacta frente a las turbulencias de su vida privada.