¿Un salto democrático o una estrategia de supervivencia electoral?
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Política
«El aval de la Registraduría Nacional al comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente marca el inicio de una etapa inédita en la política colombiana. Ante lo que el Ejecutivo califica como un «bloqueo sistemático» de las altas cortes y los organismos de control —señalados de servir a los intereses de la derecha—, el Gobierno ha optado por apelar directamente a la soberanía popular.
El desafío ahora radica en determinar si el país está preparado para un debate de tal magnitud mientras se define, simultáneamente, quién ocupará el Palacio de Nariño en el próximo cuatrienio».
El camino hacia una eventual reforma de la Carta Magna en Colombia no depende de la voluntad unipersonal del Ejecutivo, sino de un riguroso engranaje de pesos y contrapesos diseñado por la Constitución de 1991. Este proceso, que trasciende la retórica política, se enfrenta a un itinerario jurídico de alta complejidad que garantiza la estabilidad democrática frente a impulsos coyunturales.
Rigor institucional
Tras el aval inicial de la Registraduría, el primer desafío radica en la movilización ciudadana: la recolección de aproximadamente dos millones de firmas válidas en un plazo determinado. Superado este umbral, la iniciativa debe trasladarse al Congreso de la República, donde el Gobierno está obligado a presentar un proyecto de ley que defina con precisión el temario, el número de asambleístas y el sistema de elección. En esta instancia, la propuesta requiere de mayorías absolutas, lo que otorga al Legislativo el poder de validar o archivar la convocatoria según el consenso de las fuerzas políticas.
Arbitraje de la Corte
Incluso con la aprobación del Congreso, el proceso debe someterse a una revisión automática por parte de la Corte Constitucional, órgano encargado de verificar que no existan vicios de trámite ni vulneraciones a los principios fundamentales de la democracia. Si el alto tribunal otorga su visto bueno, la decisión final recae en la ciudadanía. Para que la Constituyente sea una realidad, se exige el cumplimiento de un umbral exigente: el voto afirmativo de al menos el 33% del censo electoral, una cifra que ronda los trece millones de colombianos.
«Un reloj en contra»
Más allá de las formalidades, el factor cronológico se perfila como el obstáculo más contundente. Dada la extensión de cada etapa, es técnicamente improbable que una Asamblea llegue a sesionar antes del relevo presidencial de 2026. Por ello, analistas coinciden en que la Constituyente se ha transformado en un potente «instrumento de agitación política». Su función actual no parece ser la reforma inmediata del Estado, sino la polarización del debate electoral, sirviendo como termómetro para medir la resistencia de la institucionalidad frente a las demandas de ruptura del modelo vigente.