Problema que puede aparecer en muchas circunstancias, siendo en algunos casos algo normal como ocurre ante un lapsus o durante el envejecimiento.

Hernán Alejandro Olano García

Hablar hoy de «anomia» no es un ejercicio académico exótico ni una disquisición reservada a la sociología clásica. Es, por el contrario, una clave interpretativa indispensable para comprender el malestar jurídico, político y social que atraviesa no solo a Colombia, sino al mundo entero. El «desorden normativo» —esa proliferación contradictoria, inestable y a veces incoherente de reglas— se ha convertido en uno de los signos más visibles de una crisis global de la racionalidad jurídica.

La anomia, en el sentido «durkheimiano», alude a una situación de desorientación producida por la ausencia, la contradicción o la pérdida de eficacia de las normas. No se trata de «anarquía», esto es, de la desaparición total del orden, sino de algo más sutil y, por ello mismo, más peligroso: un estado larvado de crisis normativa que permite la «ilusión de normalidad» mientras erosiona silenciosamente los fundamentos de la convivencia.

En el ámbito del derecho privado, la anomia se manifiesta con crudeza. La «inflación legislativa», el «ensayismo normativo» y la importación acrítica de modelos jurídicos foráneos han generado un entramado normativo difícil de comprender incluso para los operadores jurídicos especializados. Cuando las reglas cambian con excesiva frecuencia, se contradicen entre sí o pierden coherencia interna, el derecho deja de cumplir su función esencial: orientar la conducta y generar «expectativas legítimas».

Este fenómeno no es exclusivo de los ordenamientos nacionales. La «globalización jurídica», lejos de producir armonía, ha intensificado el desconcierto. Tratados internacionales, estándares supranacionales, decisiones de tribunales internacionales y «soft law» conviven —no siempre pacíficamente— con legislaciones internas ya de por sí fragmentadas. El resultado es un «pluralismo normativo» que, sin mecanismos claros de articulación, desemboca en inseguridad jurídica y debilitamiento del Estado de derecho.

A ello se suma el protagonismo creciente de los jueces, quienes, en contextos anómicos, tienden a suplir las deficiencias del legislador mediante «interpretaciones expansivas», como lo vemos en nuestra Corte Constitucional. Si bien esta labor puede ser necesaria para evitar vacíos de protección, su ejercicio desbordado contribuye, paradójicamente, a incrementar la ambigüedad normativa. Cuando la «excepción se convierte en regla», la certeza del derecho se diluye.

La crisis normativa mundial también tiene una dimensión cultural. Sociedades cada vez más complejas, fragmentadas y pluralistas encuentran dificultades para consensuar «valores comunes» que sirvan de base a un sistema normativo estable. En ese contexto, las normas pierden «fuerza simbólica» y el cumplimiento se percibe más como una carga que como una expresión de pertenencia social.