Álvaro Hernán Prada, y Hollman Ibáñez, protagonistas del caos electoral, fueron denunciados por Iván Cepeda.

Javier Sánchez

Política 

El panorama político y judicial del país registra una nueva escalada de tensión tras el anuncio del senador Iván Cepeda, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico. El congresista confirmó que radicará denuncias penales por los presuntos delitos de «prevaricato por acción» y «abuso de función pública» contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez, figuras determinantes en las recientes resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cuestionamientos sobre la imparcialidad 

La controversia jurídica se origina a raíz de un fallo vinculado a las investigaciones por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Según el argumento esgrimido por Cepeda, ambos funcionarios debieron declararse impedidos para participar en decisiones que afecten a su colectividad, debido a la existencia de conflictos de interés que comprometerían su objetividad.

Respecto al magistrado Álvaro Hernán Prada, el senador sostiene que carece de la imparcialidad requerida, toda vez que Prada enfrenta actualmente un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de soborno a testigos, proceso donde el propio Cepeda figura formalmente como «víctima». En cuanto al conjuez Hollman Ibáñez, la denuncia resalta sus vínculos históricos con sectores de la oposición y su cercanía con líderes políticos que mantienen una pública animadversión hacia el actual proyecto de Gobierno, factores que, según el legislador, vician cualquier criterio de neutralidad.

Repercusiones políticas

Desde el Consejo Nacional Electoral se ha defendido la probidad de las actuaciones, señalando que los impedimentos fueron resueltos conforme a la «autonomía administrativa y judicial» de la entidad. No obstante, sectores afines al magistrado Prada han calificado la acción de Cepeda como una «estrategia de persecución» destinada a obstruir el avance de las investigaciones contables de la campaña.

Por su parte, el senador ha sido enfático al señalar que estas acciones no son incidentales, sino que representan un intento sistemático por menoscabar la legitimidad institucional. Al respecto, el congresista declaró: «No permitiremos que quienes tienen deudas pendientes con la justicia o sesgos ideológicos evidentes, pretendan fungir como jueces imparciales para torpedear nuestro proyecto político».

Trámite procesal 

Las denuncias serán radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este movimiento anticipa una agudización de la confrontación entre el Poder Legislativo y los órganos de control electoral, en un contexto donde la «seguridad jurídica» y la transparencia de las consultas populares se encuentran bajo el máximo escrutinio de la opinión pública.